Por Óscar Armando Valladares
Del mismo modo que el creyente se aboca con preferencia a las escrituras por interior o exterior provecho, el instruido lector que algún interés le acucia suele apelar al rigor de la fuente científica. Similarmente, quien resuelve apuntalar un razonamiento o una posición, se vale del sostén más acorde a sus creencias, conveniencias o principios, de lo cual se infiere que el sostén es también… una prenda argumentativa.
La iniciativa congresal nacionalista orillada a medirles las costillas a las redes sociales, cohonestando que de su seno escapa un odio infernal, resulta paradigmática. El bando promovedor hace suya la tesis de que en otras latitudes está ya bajo la ley el cibercontrol, completando que incluso países de izquierda cautelan con mano alzada las emisiones de ese medio alternativo.
No sorprende, a la verdad, que algunos sectores que medran con la expresión escrita y audiovisual acuerpen tal despropósito de abierto corte político, en su afán de “quedar bien” y dar cuerda a todo lo que proviene de un solio dadivoso, sin percatarse de que el filo con que se busca rasurar la libertad de los cibernautas, podría en tiempos aviesos rapar la que ellos usufructúan, como lo evidenció meses atrás el entonces diputado Álvarez Guerrero con la propuesta que criminaliza -con la figura de terrorismo- determinadas modalidades noticiosas.
Por las inconveniencias que conlleva la kilométrica “Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales”, instancias no tan afines al interés social se han visto precisadas a exhortar que se suspenda la discusión del proyecto, en razón de que ataca la libertad de expresión y, sobre todo, afecta conveniencias del sector privado; por ello, el COHEP conviene que su aprobación acarrearía “un debilitamiento de los principios democráticos”.
Como generalmente acontece, en este embrollo tanto el estamento gubernativo cuanto sus acompañantes recienten los efectos del problema y hacen caso omiso de los reales motivos, como si el polvo no fuera hechura de aquellos lodos o los vientos que soplan no son frutos de cercanas tempestades.
Si una maniobra política inconstitucional ocasionó la reelección, si el fraude ensombreció el sufragio del votante, si la represión cobró vidas en colmadas protestas, si el saqueo al IHSS y al erario han ahondado la iniquidad, si la indefensión institucional expone más a la gente, si el silencio y la deformación mediático-religiosa denotan complicidad, ¿qué otra reacción era dable aguardarse, sino la indignación -a trechos malhablada- que, aflorando de 2009, avivó en 2013, explosionó en 2017 y desató las redes con tanta contundencia que sobrepuja al pregón oficialista en radio, prensa y TV?
Aplicado en diezmar cualquier asomo de resistencia y encubrir los señalamientos que se le formulan, el régimen ha encolerizado su ofensiva, con igual temeridad a la de los sitios virtuales. A inmediaciones del día del amor y la amistad, el Comité Central arremetió contra los “extremistas” de Mel y Salvador por su “alianza con maras, narcos y agentes internacionales”; por mentir y generar el odio y pretender robarse unas “elecciones legítimas y democráticas”, con prácticas cínicas y siniestras; por provocar “el caos, la ingobernabilidad, la desestabilización y la violencia”.
El titular del Ejecutivo alargó el parto montecino. LA TRIBUNA recalcó, en encabezado sumario, el pedido del señor Hernández: “ONU debe investigar nexo electoral de la Alianza con pandillas”. “Miren -espetó JOH familiarmente- aquí todos ustedes saben la relación que ha existido entre policías depurados, miembros de maras y pandillas antes de la elección, día de la elección y después de ellos con la Alianza. Remozó con cuña ajena su increpación: “Hace años cuando Mel Zelaya era presidente, un embajador de Estados Unidos en una comunicación a Washington, de las que después se conocieron por la vía de la filtración, el embajador Ford calificando a Mel como un siniestro corrupto”. ¡Vaya, y luego se habla de odio en línea!
Al final, nuestra voz es conteste con el planteo del Colegio de Periodistas: La libertad de expresión es un bien irrestricto. “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura”, consagra la Carta Magna, y, siquiera sea esta vez, diputados del ala azul, presten fe al criterio de Francisco Morazán.
Refiere el prócer en sus Memorias cómo adquieren “numerosos estímulos las pasiones por el abuso que se hace de la imprenta. “Varias veces –recuerda- “se ha abusado de ella contra mí para insultarme”; acto seguido -desde la altura de su conducta- postula: “No se crea que yo desee que se limite por una censura previa. Cualquiera que se establezca para destruir un vicio, que es inherente a la libertad de publicar los pensamientos, llevaría consigo el germen destructor de esta saludable institución… que es sin disputa el alma de las instituciones democráticas”.