El Estado de Honduras, en coordinación con la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), acordó otorgar la responsabilidad de algunos trámites administrativos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), a un consorcio empresarial que, mediante una licitación, obtendrá las facultades institucionales.
El vocero de la DNVT, José Estévez, informó que mediante un acuerdo del Estado de Honduras, se promueve que Coalianza sea el encargado de dirigir la actividad económica de la DNVT y de coordinar las infracciones, emisiones y renovaciones de licencias, a través de una empresa privada como representante del Estado.
Sobre posibles aumentos al precio de las licencias de conducir, Estévez agregó, que “ya la ley indica cuánto debe de pagar una persona por obtener su licencia, y si se cambia, sería un proceso que habría que cambiar la ley; mientras tanto, la dirección continuará con los procesos hasta que sean adjudicados a una empresa, lo que se proyectaría para aproximadamente el año 2019”.
SISTEMAS DE OPERATIVIDAD
El director de inversiones y desarrollo de Coalianza, Marvin Melgar, expresó que “las empresas privadas se van a enfocar en el equipamiento, en el software y la seguridad de los datos, se buscará modernizar para mejorar la confianza de la ciudadanía en los procesos, tanto en los niveles de seguridad del vehículo, en coordinación con la Policía Nacional”.

De igual manera, entre los proyectos que desarrollarían las empresas a las que se les adjudiquen varias responsabilidades de tránsito, destaca la incorporación de una tercera placa vehicular a los automotores, con el fin de mantener un mejor control de seguridad, cuando los carros corren riesgo o son robados.
Al respecto, Melgar dijo que “los inversionistas privados tienen que ofertar las mejores características técnicas y tecnológicas con el mejor precio, y relacionado a la incorporación de una tercera placa vehicular, hasta el momento no se analiza el incremento de un precio u otro costo que no sea los impuestos regulares de tránsito, ni en la cuestión de los cobros de sanciones”.
“Lo que se busca es mejorar el tema de transparencia, porque hay muchas responsabilidades del Estado que no pueden ser trasladadas; se han dejado de cobrar más de 120 millones de lempiras en multas; con el nuevo sistema se busca que el usuario tenga confianza en pagar su multa y que los procesos sean verificables y con mayor transparencia”. (KSA)