Comprometidos con la reducción de la desnutrición y la pobreza

** Con una bolsa presupuestaria de alrededor de 400 millones de dólares, la alianza para el Corredor Seco, conformada por la cooperación internacional y el gobierno de Honduras, está avanzando en su objetivo de sacar a 75 mil familias de la inseguridad alimentaria y la pobreza.
Son buenas noticias, sin duda: A las regiones más vulnerables del país, como lo son las comunidades  ubicadas en el Corredor Seco y los pueblos indígenas, están llegando anualmente alrededor de US$100 millones en proyectos, dirigidos a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza. Alrededor de US$400 millones, unos 9,500 millones de lempiras al tipo de cambio actual, provenientes  de distintos cooperantes y de la inversión pública nacional, es la cuantiosa cifra que se estará invirtiendo en un período de cinco años (2016-2020) en las zonas más vulnerables del país para combatir la desnutrición y la pobreza en las mismas.
La inversión está enfocada en capacitación, asistencia técnica, acceso al crédito, desarrollo de organizaciones de productores y acceso a sistemas de riego, a través de las cosechadoras de agua. También se está invirtiendo fuertemente en sistemas de almacenamiento, en la enseñanza sobre buenas prácticas de consumo y en todo lo que pueda ayudar a prevenir las enfermedades que no son trasmisibles genéticamente. Además,  se está apostando fuertemente a la incorporación de los jóvenes y las mujeres a los procesos productivos. En todos estos componentes se tienen avances importantes, sobre todo en la infraestructura de almacenamiento de agua, donde hay una inversión  fuerte en cosechadoras de agua.

Estrategia

Lo primero es que hay una decisión política al más alto nivel de priorizar esos territorios. El gobierno de Honduras, desde el año 2014, ha venido haciendo un esfuerzo fuerte en  atender la seguridad alimentaria y nutricional, para eso ha priorizado las inversiones en las regiones del Corredor Seco y los pueblos indígenas, se está haciendo una fuerte inversión en La Mosquitia. Son 125 municipios que están priorizados, llegando a las familias y comunidades que son más vulnerables, a los que se les está dando el acompañamiento y la asistencia técnica necesaria. La asistencia técnica está orientada a hacer más eficiente la producción, el consumo de alimentos y a que las familias que están en el campo puedan vivir en armonía con el ambiente.

Proyectos alineados

Los proyectos que se están desarrollando con financiamiento internacional son de diferentes cooperantes, entre ellos la USAID, la Unión  Europea (UE), el gobierno de Canadá y Banco Mundial. La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), adscrita a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), se ha encargado de coordinar la cartera de proyectos internacional y de vincularla  a las prioridades del gobierno de Honduras, diseñando la Alianza para el Corredor Seco (ACS).
La ACS, es un programa multidonante cuyo objetivo es la reducción sostenible de la pobreza y la desnutrición en el Corredor Seco Hondureño. Con la alianza lo que está haciendo es coordinar toda la inversión que los programas de protección social y seguridad alimentaria están haciendo en la zona. Uno de  los programas que forma parte  de la cartera de inversión  de la ACS, es el de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia en el Corredor Seco, EUROSAN Occidente, que es ejecutado por el Gobierno de Honduras,  a través de de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y la UTSAN, con financiamiento de la Unión Europea (UE) y fondos gubernamentales, y la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Este fue suscrito en junio del 2015,  mediante un convenio de financiación que trabaja  en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 15 mil familias, en un período de cinco años.

Tejiendo esperanzas

Las inversiones que se están realizando en estas zonas rurales, muchas de ellas olvidadas y  sin oportunidades de trabajo, están tejiendo esperanzas para sus pobladores. José Lino Pacheco, director de la UTSAN, unidad encargada de coordinar las políticas relacionadas al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, dice que las inversiones en este tema presentan avances importantes y visibles para la población beneficiada.
En el caso de EUROSAN, detalla, estamos haciendo un trabajo muy fuerte para coordinar lo que es la asistencia técnica a los pequeños productores y a las familias que están en inseguridad alimentaria, capacitando en temas de buenas prácticas de preparación de alimentos, producción y de almacenamiento.
La Unión Europea tiene una fuerte cooperación en 63 municipios, con una inversión de alrededor de 35 millones de euros, que se estarán invirtiendo en los próximos años.
Lo novedoso que se está haciendo con el proyecto EUROSAN, es que se está trabajando estrechamente con 10  mancomunidades en los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira. Ahí lo que se está haciendo es transfiriendo recursos a las mancomunidades del municipio para que ellas ejecuten todas las acciones de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que permita fortalecer la economía familiar.

José Lino Pacheco, director UTSAN

El objetivo es que los productores tengan acceso a asistencia técnica y a sistemas de riego, para lo cual se está trabajando fuertemente con las cosechadoras de agua. También se  trabaja en el desarrollo de capacidades de los productores de la zona para que sean proveedores de alimentos, a través del Programa Alimentación Escolar.
Son  alrededor de 350 mil niños y niñas que reciben alimentos en las escuelas, producidos por los productores que están siendo atendidos. Todas estas actividades, en su opinión,  permiten que se pueda generar desarrollo en las comunidades.

Lo que se espera

Son alrededor de 100 millones de dólares los que se están invirtiendo anualmente en esos territorios. Al final de toda esa inversión, lo que se espera son familias que han superado su condición de inseguridad alimentaria, que tienen buenas prácticas de cultivo y de adaptación al cambio climático, que viven en armonía con el medio ambiente, que han mejorado su condición nutricional y reducido el sobrepeso y la obesidad. También se espera que las comunidades y las municipalidades hayan desarrollado sus capacidades para gestionar sus territorios y sus recursos, para poder atender su población.