La corrupción en Honduras es un frondoso árbol con extensas raíces por toda la sociedad. Existe en la administración pública así como en los negocios. Ha logrado extender su influencia en las actividades políticas de los partidos, la justicia, la policía, las fuerzas armadas y en las organizaciones civiles. Prácticamente ningún sector de la sociedad puede afirmar no conocer en carne propia los tentáculos de este fenómeno que a algunos gusta y a muchos daña.
Lo fatal del caso de Honduras es que este fenómeno social avanza y se fortalece. Con el pasar de los años los viejos casos que se denunciaron se quedan pequeños con los nuevos que salen a relucir. Primero fueron ministros, jueces, alcaldes y empresarios de poco rango. Sin embargo, apenas la marea baja un par de centímetros, aparecen funcionarios de más alto rango. Los millones de ayer empalidecen ante lo que se va configurando con los pocos casos que se van denunciando y procesando. Fatal igualmente es el hecho que los esfuerzos que se han desarrollado por pararla se quedan sumamente cortos ante el ímpetu con que esta se va produciendo. Y es que los pocos casos que se han castigado no asustan a los corruptos, quienes siguen sintiéndose seguros; ni mucho menos paran al sistema que los posibilita. Duele decirlo, pero lo que puede hacer la MACCIH, la UFECIC y el CNA es muy poco ante la maquinaria de la corrupción que trabaja sin descanso al amparo del poder político y económico.
En nuestro país la corrupción está institucionalizada. Es decir funciona como un sistema, lo que implica que no son simples hechos aislados los que se producen. Se trata de hechos que se producen en cadena. La corrupción se produce entonces día a día con funcionarios públicos y empresarios que coinciden amparados en sus intereses comunes para poner en funcionamiento las perversas acciones. Las justificaciones sobran y pueden ser desde la simple intención de enriquecerse hasta la necesaria victoria del partido. Hoy en día, los corruptos hacen sus fechorías sin romper ni una puerta, ni disparar un solo tiro. Con una simple operación bancaria, la firma de un contrato o el nombramiento de un funcionario se producen los terribles atentados contra millones de hondureños.
La corrupción independientemente de sus características que tenga debilita y termina destruyendo a los países. Enriquece a unos pocos injustamente y empobrece a miles sino millones. Neutraliza y desprestigia a las instituciones; genera en la ciudadanía un sentimiento de repudio e irrespeto a esas instituciones; defrauda a muchos que quizás albergaban alguna pequeña esperanza.
En el caso de la corrupción que se da en los negocios con el Estado, son recursos millonarios que deberían ser en beneficio de la población pero terminan en las cuentas bancarias de empresarios y funcionarios públicos. En términos concretos es dinero que tuvo que haberse invertido en medicinas, equipos, servicios para la gente pero que fueron absorbidos por sobreprecios en la adquisición del producto o simplemente, compra de bienes de pésima calidad o simplemente contratos fantasmas.
Honduras carece de mecanismos eficaces para la detección y castigo de la corrupción. Las instituciones encargadas de esto son débiles; los funcionarios públicos encargados del combate están comprometidos desde su nombramiento con otras causas. De tal forma que esperar en estos momentos resultados contundentes no es realista. El cambio radical vendrá cuando desde los más altos niveles del gobierno, los negocios y la política aparezcan dirigentes entendidos de lo fatal que significa seguir participando y tolerando que la corrupción se siga enraizando en todo lo que encuentre a su paso.
Rafael Delgado Elvir
[email protected]
