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Desde hace varios meses se han venido escuchando cifras sobre la cantidad de las víctimas mortales y heridas; además de las amenazas y eventos violentos relacionados con los resultados de los comicios presidenciales del año pasado, incluso Organizaciones No Gubernamentales (ONG), defensoras de derechos humanos adelantaron informes desde el 2017 revelando centenares de supuestos casos, pero hasta hoy no había existido una postura oficial y de alto impacto como esta dependencia de la ONU.
En ese sentido, el informe sobre Honduras entregado al Estado y al alto comisionado de los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, por parte de la representante residente María Soledad Pazo, indica una cifra oficial de los decesos investigados, pero al mismo tiempo aclara que el número podría variar con respecto a los resultados que arrojen algunas investigaciones del Ministerio Público (MP) y otros casos de exhumaciones realizadas por el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Para el 4 de enero de 2018, el Observatorio de la Dirección General de Medicina Forense había registrado 24 autopsias que se vinculaban con la «violencia postelectoral» de manera directa e indirecta, en los siguientes días la cifra llegó a 27, misma que se maneja actualmente.
Para el 9 de enero, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) había registrado 31 muertes, aclarando que aún se encontraba en proceso de documentar la relación entre algunos de estos casos y otras manifestaciones.
Para el 23 de enero, la Coalición contra la Impunidad había registrado 33 muertes relacionadas con el contexto postelectoral, además del asesinato de tres policías en el contexto de las protestas.
El Comité de Familiares de los Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), entre el 26 de noviembre al 6 de enero de 2018 registró 32 muertos vinculados a las protestas. La Policía Nacional había iniciado investigaciones sobre la muerte de 17 civiles y tres agentes de policía, para un total de 20 decesos.
16 MUERTES
En el documento, la OACNUDH añade que de las 23 muertes existen elementos concretos que indican que 16 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres, “fueron asesinadas a tiros por las fuerzas de seguridad durante la dispersión de las protestas o las subsiguientes operaciones de persecución”.
De estos crímenes, ocho sucedieron en el departamento de Cortés, tres en Tegucigalpa, dos en el departamento de Atlántida; y una en los departamentos de Yoro, una el departamento de Colón y otra en el departamento de Choluteca, según la investigación de la Oficina.
En el informe enviado a Naciones Unidas, indican que “todas las víctimas fueron asesinadas por armas de fuego, lo que causó heridas en la cabeza (en siete casos), el pecho (en cinco) y las extremidades inferiores y superiores (en cuatro)”.
“Sobre la base de la información recabada en relación con el papel de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas, la OACNUDH considera que 13 de los asesinatos pueden atribuirse razonablemente a la Policía Militar del Orden Público y / o el Ejército (…) al finalizar este informe, la OACNUDH seguía verificando la responsabilidad en la muerte en el contexto de las protestas, causada por armas de fuego, a cinco hombres”.
Asimismo, al menos 60 personas resultaron heridas en el marco de las protestas y “la mitad de ellas evidenciaron laceraciones con armas de fuego y calibres militares y policiales”, luego de la verificación de los casos y seguimiento de testimonios a las víctimas, familiares, obtención de videos, fotografías, asistencia en hospitales, entrevistas a médicos, testigos presenciales.
En el documento de 36 páginas, evidencia situaciones que impidieron a la Oficina del Alto Comisionado realizar con mayor prontitud su trabajo por falta de colaboración de algunos funcionarios de entes estatales de seguridad y justicia, también formula recomendaciones para prevenir que los hechos se repitan y que en el diálogo nacional se establezcan compromisos para reducir las violaciones a los derechos humanos, exhortando al Estado la cooperación por parte de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Secretaría de Defensa y MP.
PREVIO
La OACNUDH dio seguimiento a 15 muertes violentas previo a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, de estas 13 hombres y dos mujeres, ocurridas en todo el país entre el 1º de enero y el 25 de noviembre, las que presuntamente estaban relacionadas con el contexto electoral.
Seis víctimas estaban afiliadas al Partido Nacional, seis al Partido Liberal y tres a la Alianza de la Oposición. Doce de las víctimas permanecían activas a nivel local como concejales municipales electos (cuatro) o activistas del partido (ocho); dos personas eran candidatas al Congreso Nacional, ambas por el Partido Nacional. (Por: Saraí Alvarado)]]>
