Por: Julio Raudales Es muy fácil denunciar la estupidez de un impuesto. Por una simple razón: todos los impuestos son más o menos estúpidos, ya que gravan personas y actividades que, en sí mismas, sería deseable no gravar. A pesar de lo anterior, existe un acuerdo casi universal sobre la necesidad de que existan sistemas tributarios en todos los países, por lo que el corolario obligado, es que en un país serio, debe existir por fuerza uno o varios equipos que se dediquen a valorar con criterio científico y práctico, de manera que el “daño social” provocado por el cobro, se vea amainado, tanto por su menor afección a quienes son más vulnerables socialmente, como por su correcta aplicación en el plan de inversión y gasto fiscal. Pero las cosas se complican cuando, después de anunciar con orgullo la supresión de un impuesto tonto, los responsables políticos buscan otros ingresos para financiar los gastos que cada uno considera deseables: educación, salud, carreteras, policías, etc. El ejercicio puede resultar peligroso, sobre todo porque en materia de política fiscal siempre hay alguien más obtuso y menos avezado que uno mismo. Las medidas que ya empiezan a avizorarse, tomarán las autoridades, son un perfecto ejemplo de esta cruda realidad. Recapitulemos. Desde hace ya algunos años, los empresarios y varios expertos entendidos en materia fiscal –no solo tributaria- alegaban que la medida de gravar exante con 1.5% la facturación total de las empresas, era una confiscación disfrazada y un abuso que principalmente atenta contra la competitividad del sector productivo. Comparto esta última aseveración, ya que como dije más arriba, todos los impuestos afectan en mayor o menor medida la productividad de la gente. El famoso 1.5% fue decretado en principio, como medida antievasión y derivó en principio, de la intención del ministro de Finanzas de aquel entonces, de poner coto al falseo de la información por parte de muchos empresarios, para ocultar el estado real de sus ganancias, de manera que declarando pérdidas o utilidades ínfimas, se vieran liberados de enterar al fisco. El problema se dio, como casi siempre en Honduras, con la grosera aplicación de mecanismos para realizar su cobro. La falta de un mecanismo inteligente que permitiera en efecto, castigar pecuniariamente a los evasores, fue lo que causó tanto escozor social, ya que los empresarios –y me refiero a los pequeños y medianos, que son los más sufridos- percibieron la medida como un asalto a mano armada. Recordemos también que no existen impuestos que paguen las empresas: en última instancia, son siempre los hogares los que pagan, lempira por lempira, todos los impuestos. Las únicas personas que existen para pagar impuestos, son las de carne y hueso. Que las empresas estén técnicamente obligadas a pagar algunos, es decir, a enviar un cheque al SAR, no dice nada sobre su incidencia final. Sin excepción, las empresas trasladan el peso de todo lo que pagan a sus asalariados (lo que reduce sus salarios) o a sus propietarios (lo que reduce sus ganancias o implica menos acumulación de capital a su nombre) o a los consumidores (lo que aumenta el precio que deben de pagar y en consecuencia les hace más pobres). La descomposición final no siempre se aprecia a simple vista pero, de una manera u otra, todos los impuestos acaban por repercutir sobre los factores de producción o sobre el consumo. Ahora, creo que es útil recordarles a nuestras autoridades fiscales, que en Honduras, a diferencia de otros estados como México o los sudamericanos, los ingresos del gobierno provienen casi exclusivamente del cobro de tributos y otras tasas. Es decir, si se redujo el cobro del 1.5% y no hay en contrapartida una reducción al gasto, la única opción que queda es incrementar la deuda, si es que no se quiere colocar otro impuesto que por la premura, se me antoja podría ser más dañino. Y ya escuchamos a la Secretaría de Finanzas anunciar que el Estado podría acudir al mercado financiero mediante la venta de Certificados de Depósito Global (GDN por sus siglas en inglés), lo cual implica mayor déficit y endeudamiento para el país, más allá de que su naturaleza implica algunas ventajas frente a otros instrumentos de deuda. La lección final es clara: Los impuestos y la deuda son la misma cosa aunque en tiempos distintos, con lo que queda claro que en el pequeño juego de la demagogia fiscal, pocas veces ganan los más débiles. Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH y exministro de Planificación y Cooperación Externa.]]>
