BRASILIA (EFE). El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará el miércoles frente a una encrucijada judicial, en la que la Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.
Los once magistrados del Supremo analizarán un «habeas corpus» presentado por la defensa de Lula en el cual se sostiene que, aún ratificada la condena en segunda instancia, como es su caso, restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
A esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En el caso de Lula, declarado culpable de haberse beneficiado en forma ilícita de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista, la sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, aumentada a doce en una corte superior.
Diez días atrás, el Supremo aceptó discutir el «habeas corpus» presentado por los abogados de Lula y además, por un ajustado resultado de seis votos contra cinco, impidió cautelarmente que sea encarcelado hasta que se falle sobre ese recurso.
De ese modo, si el «habeas corpus» fuera acatado, Lula podrá seguir apelando en libertad a la condena, primero al Superior Tribunal de Justicia y luego ante el propio Supremo, en un proceso que pudiera llevar hasta dos años, según el ritmo de los tribunales brasileños.