El titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, se refirió este miércoles al veto presidencial a las reformas a la Ley de Privación de Dominio, como una prueba que el sistema republicano funciona.
“Quiero comenzar diciendo que comparto el criterio de algunos sectores en el sentido que era necesario revisar esas reformas, o que incluso faltó un poco de socialización”, se sinceró Oliva.
Sin embargo, Oliva recordó que “El Congreso Nacional tomó dicha determinación en base a sus atribuciones constitucionales, pues es facultad de este poder del Estado crear, reformas o derogar leyes. Las reformas se lograron con 74 votos, yo no estuve en la sesión por motivos de duelo familiar, pero si hubiera estado voto por esas reformas”.
Y agregó: “Los que tomaron la decisión de apoyar esas reformas tienen el derecho de hacerlo. Los pesos y los contrapesos de la democracia funcionaron, son mecanismos que la Constitución establece para asegurar la separación y la complementariedad de los Poderes del Estado”.
Oliva explicó que ahora el presidente vetó las reformas también en uso de sus facultades constitucionales de vetar, ya sea porque no está de acuerdo con el procedimiento o porque lo considera inconstitucional.
En este caso, se dio por ambas vía, porque él presidente Hernández habla que al hacerse estas reformas se pudo haber modificado el Código Penal, el Código Civil y hasta el Código Comercial –detalló.
¿Qué sigue ahora? –le preguntaron a Oliva. Su respuesta: “Ahora hay que enviarlo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie”.
Luego, Oliva reveló que “El Congreso Nacional mandará a los diputados Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen y Dennis Castro, proyectista de ley, para que den sus opiniones”.
“La Corte Suprema de Justicia le puede dar la razón al presidente Hernández, ya ha ocurrido en el pasado, y allí muere el asunto”, expresó Oliva. “Lo otro es que le dé la razón al Congreso Nacional y nos lo regrese y aquí nosotros generaríamos los consensos y aprobarla por mayoría calificada, es decir, 86 votos, pero nadie se arriesgará a ir a esa votación si no tiene los 86 votos”.
Lo rescatable es que el sistema republicano funciona –argumentó Oliva-. He escuchado decir que el presidente Hernández manda en todos los poderes del Estado y ahora que hay diferentes criterios, como es normal en un Estado de Derecho, dicen que hay conflicto y eso no es así.
E insistió: “Todo se ha dado en el marco de la constitucional, ahora dejemos que se pronuncie la Sala Constitucional”.
¿Así como está en la actualidad, sin las reformas, la Ley de Privación de Dominio tiene artículos inconstitucionales? “Para mí sí, porque en primer lugar violenta el principio de inocencia del acusado que garantiza la Constitución”, respondió Oliva.