Por José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
Andamos de carta en carta. Primero la Carta Rolston que nos recuerda cómo se manejaba la economía y la política a comienzos del siglo XX. En 1948 se suscribe la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), suscrita en Bogotá, con varias reformas.
Desde el principio indica que “la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad”. Pareciera que viene sucediendo la Revolución Francesa de 1789 pero no es así, han pasado siglos y andamos de guerra en guerra; venía terminando la Segunda Guerra Mundial.
Esta carta se refiere a la democracia representativa como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.
Se concibe a la OEA dentro de las Naciones Unidas como un organismo regional (Artículo 1).
Uno de los propósitos de la organización es afianzar la paz y seguridad del continente. Pareciera que las guerras son inevitables. En 1969, año de la llegada del hombre a la luna, se produce la guerra Honduras-El Salvador. Hay cese al fuego gracias a la intervención de la OEA. En 1982, año en que se aprueba nuestra Constitución de la República se produce la Guerra de las Malvinas. Ni la OEA ni las NNUU pudieron hacer algo. Hoy todavía está en disputa; Argentina dice que históricamente le pertenecen y el Reino Unido dice que es su territorio, además que ya se le consultó al pueblo que mayoritariamente se considera inglés. La semana pasada en el cementerio de las Malvinas y con el acuerdo de ambos gobiernos se desarrolló un acto fúnebre donde al fin se reconoce de quiénes son los cadáveres; hoy la mayoría tiene su propia tumba.
Otro de los propósitos de la OEA es procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre los miembros. Esto está en “veremos”, porque las disputas de Chile y Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, Honduras y El Salvador, han pasado a la Corte Internacional de Justicia, alejándose de un tribunal regional. Hoy tenemos a la Corte Centroamericana de Justicia como un tribunal regional.
Otro propósito que me llamó la atención es alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar recursos al desarrollo económico. Esto suena muy utópico, sino preguntémoselo a Venezuela que su pueblo se muere de hambre pero están bien armados. Honduras hoy experimenta una repotenciación de su Fuerza Aérea y Naval, seguramente porque El Salvador está haciendo lo mismo y no digamos Nicaragua.
Otra carta que me llama la atención en el mes dedicado a la América (abril), es la Carta Democrática Interamericana, donde se prevé desde el Artículo 1, que los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Honduras se proclama como un Estado de Derecho constituido como República libre, democrática e independiente. La carta explica que el ejercicio efectivo de la democracia representativa (los gobernantes representan al pueblo), es la base del Estado de Derecho (Artículo 2). Este concepto de Estado de Derecho es nuevo para Honduras. Se incorporó por primera vez en la Constitución de 1982 (Artículo 1).
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso de poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho (Artículo 3), sin embargo don PP Lobo, cuando gobernaba decía que quien mandaba en Honduras era el Estado (no mencionaba la ley).
Todas las instituciones del Estado deben estar subordinadas a la autoridad civil legalmente constituida (Artículo 4). Es bonito decirlo en teoría, pero cuando la crisis del 2009 las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir en defensa de la Constitución de la República, algo que la Comisión de la Verdad catalogó como “golpe del Estado al Poder Ejecutivo”.
Debemos recordar que en el mismo gobierno de don PP Honduras alegó en la OEA un mecanismo de “alerta temprana” para que la OEA interviniera antes de que se produjera cualquier crisis: “Cuando el gobierno de un estado miembro, considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” (Artículo 17).
La OEA nos castigó en base al Artículo 19: “Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un estado miembro, constituye, mientras persista un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General…”. El caso de Venezuela es un ejemplo de lo que no debe hacerse en democracia: Inventarse una Asamblea Nacional Constituyente para eliminar el Congreso de la República dominada por la oposición. Maduro dijo que no contaban con su astucia.
La globalización nos hace enterarnos de todo en América. Se fue Cristina en Argentina, Correa en Ecuador, regresó Piñera en Chile, pero Nicaragua y Venezuela se mantienen desde hace veinte años aproximadamente. La “Doctrina Estrada” se vuelve ilusoria porque todos intervenimos en todos los países, por lo memos opinando. La Doctrina Estrada que sostiene que un estado no debe intervenir ni para bien ni para mal, los gobiernos ni los cambios de gobiernos, es prácticamente imposible, sino preguntémoselo a Trump qué opina de Venezuela.
Después del “golpe de Estado”, el expresidente Zelaya pedía modificar la Carta Democrática, porque quería sanciones para Honduras. Insulza en aquel tiempo, dijo que la crisis en Honduras pudo evitarse”.