Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Cuando agotan todos los mecanismos de presión social, alterando a la incauta ciudadanía, que participaba en las manifestaciones utilizadas para generar desestabilización política, así como cuando la lucha política es intransigente de parte de grupos opositores que claramente comulgan con ideales políticos insurgentes en un país como el nuestro, refugiarse en las montañas, ya no es la vía privilegiada por estos opositores. Ahora, prefieren usar estrategias conspirativas menos militarizadas y optan por una vía de lucha política a través de la demanda internacional, tipificando delitos políticos para atraer la atención mundial. En este sentido, las fuerzas de izquierda hondureñas y otras fuerzas de izquierda internacional aliadas a ellas, luego de los acontecimientos posteriores al triunfo electoral del candidato del Partido Nacional, encaminan sus esfuerzos conspirativos a estructurar casos de delito político asociados a las acciones lamentables que ocurrieron en el contexto de las manifestaciones de repudio al candidato ganador, claramente intencionadas y deliberadamente aliadas con fuerzas oscuras de grupos delictivos como las maras y hasta del crimen organizado, de tal forma, que buscan crear condiciones que motiven la atención internacional hacia la condena del gobierno actual y provocar un enjuiciamiento político en el que se afecte al país y a su gobernante.
Existen claras señales de orientar la lucha política de los opositores melistas anarcosocialistas hacia un enfrentamiento que gire alrededor de hipótesis que se han construido a raíz de las confrontaciones callejeras que se produjeron como consecuencia del no reconocimiento del triunfo electoral, enmarcándolas en un contexto de delitos políticos que pueden llegar a tener consecuencias de índole internacional que afectarían a Honduras, y por ende, el proceso de estabilización política.
El gobierno está ante la presencia de un plan maquiavélico de la izquierda nacional e internacional, que pretende crear una conexidad con los sucesos ocurridos en el contexto posteleccionario, caos social que ellos generaron, cuando se aliaron con maras para amedrentar a las personas pertenecientes al Partido Nacional, a fin de que no fuesen a votar, asimismo, ofendiendo la inteligencia social hondureña al pretender calificar las muertes sucedidas en el contexto postelectoral, como homicidios políticos, proponiendo evidencias que al ser subsumidas no ensamblan en la comisión de delitos políticos, ya que deben darse varias condiciones validadas científicamente, que en nuestro caso deberán ser demostradas.
Al respecto, en la conceptualización del delito político existen tres maneras de criminalidad política: a. Las actuaciones delictivas que para el cumplimiento de determinados fines realiza el Estado sirviéndose de sus órganos y agentes (Policía, Ejercito, administración de justicia, servicios de inteligencia, etc.), en este sentido se habla de crímenes de estado de violencia y criminalidad institucional y terrorismo de estado. A este género de criminalidad pertenecen como tipos específicos los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio. b. Las conductas que atentan contra la seguridad, la organización, estructura y el funcionamiento institucional del Estado. Se trata de lo que con toda propiedad debe denominarse crímenes o delitos contra el Estado. c. Los comportamientos que por su naturaleza son lícitos legítimos (bona per se: el ejercicio de determinados derechos y libertades, por ejemplo) pero que el poder, por “razones politicas, los tipifica como delictivos prohibiéndolos y castigándolos (malaquia prohibita).
En este supuesto, estamos ante lo que ha de entenderse por delito político en sentido propio o estricto (Montoro Ballesteros, 2,000). En virtud de lo anterior, la izquierda radical no está tomando en cuenta la diversidad de criterios que intervienen en la definición del delito político y solo consideran lo que conviene a sus intereses; en este sentido, consideran al Estado el actor delictivo, sin embargo, ocultan hechos de políticos cuya ideología criminal se constituye en una delincuencia política, que concretiza acciones violentas, chantajistas, saboteadoras, pistoleras, a la vista de toda la ciudadanía.
En la actualidad, Honduras se ha convertido en el objetivo blanco geopolítico de la izquierda internacional que a través de redes sociales y organismos no gubernamentales apoyan a sectores nacionales anarcossocialistas en el financiamiento, el diseño, la gestión y la implementación de una estrategia cuya finalidad es golpear políticamente al Presidente y lograr su defenestración.
Ante tal amenaza, las fuerzas democráticas, el estado de derecho y los sistemas de protección de los derechos humanos, deberían sincronizarse para actuar conforme a sus competencias apegados al derecho nacional e internacional, en la aplicación objetiva del derecho buscando bloquear la estrategia oscura que pretenden aplicar en Honduras los actores oscuros que han infiltrado la política nacional y que inteligentemente se filtran en las fuerzas anarcossocialistas.