Cada mes ultiman a un promedio de cuatro estudiantes

Con la piel calcinada, degollados, con perforaciones de bala, ocultos en costales o tirados en barrancos y basureros, fueron encontrados los cadáveres de unos cuatro estudiantes que, en promedio, fueron ultimados cada mes en Honduras, durante el 2017, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En lo que va del 2018, los niños y adolescentes de escuelas y colegios, una vez más, son el “blanco” de balas perdidas, de pandillas, venganzas y ajustes de cuentas.

El último caso que enlutó a la sociedad hondureña ocurrió el pasado viernes 13 de abril, a tres cuadras del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), donde quedó tirado el cadáver de Génesis Janeth Colindres, de 16 años, luego de recibir varios disparos por parte de desconocidos que se fugaron.

Vestida con su uniforme gris y blanco, y con su mochila llena de cuadernos a su costado, la difunta fue levantada de una calle por personal forense que luego le practicaría la autopsia.

¿Por qué la mataron?, ¿Y ahora qué haré sin Génesis?, se preguntaban, ahogados en llanto, sus familiares, amigos y compañeros del Central, ayer, cuando fue sepultada en un cementerio capitalino.

La Policía aún investiga si se trató de un asalto o de la venganza de un compañero despechado vinculado a una pandilla, quien se enamoró de la guapa muchacha, pero que nunca fue correspondido.

¿BAJA NÚMERO DE VÍCTIMAS?

Otro deceso lamentable fue el de Maynor Enmanuel Castejón Medina, de 14 años, quien falleció de al menos 50 disparos de un arma AK-47, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. El crimen ocurrió el pasado 4 de abril, cuando el menor salió de la casa de su abuela y fue sorprendido por la lluvia de balas.

Cifras del Observatorio de la UNAH indican que en el 2017 perecieron de forma violenta 55 estudiantes, mientras que en el 2016 la cifra fue de 97, lo que refleja una considerable reducción de este tipo de crímenes.

Ante las últimas muertes de estudiantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, solicitó a las autoridades de Seguridad investigar a fondo cada caso y poner a la orden de los tribunales a los responsables, para que sean castigados con todo el peso de la ley.

Herrera Cáceres lamentó que, en las actuales circunstancias, se esté perdiendo el espacio público en escuelas y colegios del país.

“Sentimos que ese espacio público lo estamos perdiendo en perjuicio de la protección debida al derecho a la educación, al desarrollo, y de otros derechos humanos”, declaró.

Datos del Conadeh indican que entre el 2010 y el 2014, cerca de 1,000 estudiantes de primaria, secundaria y educación superior perdieron la vida en circunstancias violentas.

En dicho período, alrededor de 500 colegiales fallecieron de forma violenta, es decir, se registró un promedio de 100 muertos por año.

La mayor parte de esos decesos ocurrieron en las principales ciudades de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, principalmente en la vía pública.

Fuente: Observatorio de la Violencia de la UNAH.

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DATOS
Ante las últimas muertes violentas de estudiantes y maestros, la Secretaría de Seguridad, la de Educación y la de Derechos Humanos intervendrán 53 centros educativos ubicados en barrios y colonias peligrosos de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso. Además, el gobierno se dispone a crear la Policía Escolar, como parte de las estrategias para reducir la tasa de homicidios.
SEGÚN COMISIONADO
Bloque de búsqueda de la DPI tras la pista de los homicidas
Un bloque de búsqueda de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), intenta localizar a los autores de las últimas muertes de estudiantes en el país, informó el titular de esa dependencia, comisionado Rommel Martínez.

“Se ha ido adquiriendo información valiosa y de mucha utilidad, que en la medida en que se vayan desarrollando, tanto los análisis, como las diferentes articulaciones de medios de prueba, nos van a permitir deducir la responsabilidad a los autores materiales y definir también a los autores intelectuales”, expresó el funcionario.

Si bien, algunos de los casos se vinculan a maras y pandillas, Martínez destacó que “lo que sí es importante recalcar, es que circunstancialmente se han visto vinculadas a las víctimas con centros educativos”.

“Más allá de que el sistema educativo sea un objetivo de la criminalidad, es una percepción del entorno circunstancial de los lugares en donde se ubican algunos de los centros educativos, que están rodeados de ambientes hostiles”, advirtió.

AVANCES OPORTUNOS

El titular de la DPI señaló que equipos del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida han hecho avances de forma oportuna y considerable, con el acompañamiento del Ministerio Público (MP), para poder identificar y deducir la responsabilidad penal que corresponde.

“Algunos son casos que no tienen ni 50 horas de haberse producido, hago referencia al caso de la escuela de Suyapa, de la profesora que fue herida, al estudiante del Central de hace un par de días, y otros hechos que se han venido presentando en los entornos de los centros educativos, sin que necesariamente sea el centro educativo el objetivo de la criminalidad”.

El comisionado calificó sumamente positivo el acompañamiento que la Secretaría de Seguridad le brinda a la Secretaría de Educación, para mejorar la seguridad de los estudiantes, maestros y todo el resto del personal de los centros de enseñanza.

Sobre la respuesta que la DPI ha dado ante este tipo de crímenes, mencionó que el año pasado hubo casos “bastante connotados, y en donde hubo una respuesta efectiva por parte de la DPI, por ejemplo, como el estudiante de Sociología que murió en El Pedregal; los dos estudiantes del Central, un varón y una fémina; también el de una exalumna del Central, cuyo cuerpo fue encontrado junto al de otro varón en la colonia América”.

“Todos estos casos son una respuesta por parte nuestra y hay gente que guarda prisión y que está siendo objeto de un proceso de juzgamiento y algunos otros que están siendo buscados, porque se logró obtener las órdenes de captura”.

CAPTURA DE MALEANTES

Aclaró que algunas capturas no se han concretado porque algunos de los malvivientes salieron del país o se ocultan dentro de las fronteras patrias, “sin embargo, la DPI tiene un bloque de búsqueda constante, para poder dar con ellos y llevarlos a los órganos jurisdiccionales correspondientes”.

Agregó que en el caso del profesor Mario Alberto Morazán (59), del Instituto Técnico Honduras, ultimado a balazos en septiembre del 2017, por el pariente de una alumna, “ya se tiene la orden de captura y se mantiene el bloque de búsqueda para la localización y captura del responsable”.

“Cada uno de los casos tiene sus propias características; en el caso del profesor del Técnico Honduras, fue un asunto de conflictividad, en algunos casos es cuestión de maras o pandillas, en otros la cuestión de narcomenudeo, cada uno de los casos tiene sus propias peculiaridades”.