Los apoderados legales de los exconcejales de la Judicatura “desfilaron” el miércoles por los Juzgados Anticorrupción para presentar las garantías hipotecarias y bancarias de sus representados y continuar así defendiéndose en libertad.
“Presentamos dos solares y la juez aceptó una fianza hipotecaria para garantizarnos que el abogado sea escuchado en libertad”, dijo la profesional del Derecho Nilia Ramos, apoderada legal del exconcejal Francisco Quiroz.
En el caso del expresidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, su representante legal, Rosa Helena Bonilla, indicó que su cliente pagará 1 millón de lempiras para continuar el proceso judicial en libertad.
Además, Bonilla anunció que con los demás apoderados legales de los exconcejales presentaron un recurso de apelación que fue denegado por una excepción de falta de acción.
“Estamos interponiendo un recurso de apelación ante la denegatoria de una excepción de falta de acción que esta defensa interpuso”, detalló Bonilla.
Además de ello señaló que el Ministerio Público no tenía que presentar el requerimiento fiscal porque no agotó el procedimiento de antejuicio por lo que no tuvo que ser posibilitado.
El pasado viernes 13 de abril se celebró la audiencia de declaración de imputados para los exconcejales, les decretaron medidas sustitutivas distintas a la prisión a cinco de ellos, con la restricción de no salir del país.
El próximo lunes 23 de abril a las 10:00 de la mañana, quedó pactada la audiencia inicial.
El expleno de la Judicatura es acusado por el MP en la comisión de más de 600 delitos relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor de 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
En tal sentido, al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
El caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, en tanto que a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
De acuerdo a las investigaciones de los Fiscales de la Enjuiciamiento y los agentes de la ATIC, los hoy acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, determinándose que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
Tales hallazgos concernientes a la desmedida autorización de viáticos a lo interno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, establecen que de las 52 semanas con que cuenta el año, para el caso los exconcejales calendarizaron en el año 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo en días feriados, períodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana. (XM)