Por Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
No cabe la menor duda que el evento celebrado recientemente en Lima, Perú por los jefes de estado y de gobierno del hemisferio, resultó realmente trascendente, por cuanto se abordó lo relativo a la prevención y el combate a la corrupción, pues ello debilita la gobernabilidad y la confianza del pueblo en sus líderes o conductores, tal como lo evidencian los hechos concretos.
Por su importancia haremos una referencia resumida de los compromisos asumidos por los participantes en dicho evento, los cuales fundamentalmente son siete así: 1. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; 2. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; 3. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales. 4.
Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas: 5. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos; 6. Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción; y 7. Seguimiento de informes.
Con relación al numeral 1 (gobernabilidad democrática) se pretende: 1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio; 2. Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares; 3. Desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos; 4. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; 5. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción; 6. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción; 7. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; 8. Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia; 9. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción.
En relación a la transparencia: 1. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado y ciudadanos en el seguimiento de la gestión gubernamental; 2. Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, 3. Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables; 4. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas; 5.
Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales; 6. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
En relación al financiamiento de organizaciones políticas: 1. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas; 2. Considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción.
En lo relativo a la prevención de la corrupción: 1. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas; 2. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación; 3. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura y de los recursos públicos; 4. Promover prácticas coordinadas y transparente por medio de ventanillas únicas de gestión.
Reitero, el presente artículo es apenas un resumen de lo abordado en tan importante evento y de lo cual todos debemos estar enterados y exigir su cumplimiento de principio a fin.
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