Por Rafael Delgado Elvir
En Honduras para combatir el déficit que aqueja el presupuesto nacional la solución pasa necesariamente por eliminar la corrupción. Así de simple la respuesta. Por tanto, la salida no es aumentar los impuestos ni mucho menos recortar el gasto y la inversión social, sino terminar con este mal que se desarrolla tragando miles de millones de lempiras del presupuesto del Estado anualmente.
Por muchos años, por mandato de los organismos internacionales, se han implementado las famosas medidas de austeridad que han implicado cortar drásticamente los gastos y la inversión pública. Estas medidas, anunciadas como mecanismos para eliminar el despilfarro, han terminado siendo una excusa para debilitar las instituciones amputándoles las funciones de compensación social. Otras veces las directrices han sido incrementar los ingresos. Siguiendo este lineamiento, los incrementos y creación de nuevos impuestos ha sido la receta preferida, castigando a los emprendedores con más cargas, pero dejando intocables numerosas injusticias relacionadas con las muy utilizadas exoneraciones fiscales para los sectores económicos élites del país ligados a la gran empresa y al sector exportador.
En estos últimos días la noticia lanzada por el gobierno nacionalista es que se debe ahorrar en las instituciones públicas ya que el agujero que deja la reducción del impuesto del 1.5% obliga a tomar medidas de emergencia. Las recomendaciones giran en torno a reducir el consumo en las oficinas públicas de energía eléctrica, papel y otros insumos de la burocracia. Para todos es de conocimiento que existe un enorme potencial de ahorro en las instituciones públicas, que lamentablemente no se ha querido explotar y que va mucha más allá de esas medidas. Bastaría con que las inversiones que realice el gobierno se ajustaran a criterios de transparencia y así se liberarían millonarias cantidades. Los ejemplos están allí cada día en instituciones como la ENEE, IHSS y a saber cuántas instituciones más. Los medios informan de proyectos de inversión concedidos por el Estado hace un par de años a precios muy arriba de su valor real y de paso a empresas fantasmas ligadas al narcotráfico o a empresas sin experiencia. Con sobreprecios de 100% o más se ejecutan verdaderos asaltos al erario público. Esa es la tradición legalizada por este gobierno y otros gobiernos del pasado. Bastaría entonces que enmarcados en principios de ahorro y legalidad los proyectos de inversión del Estado se adjudicaran en procesos verdaderamente competitivos a empresas con experiencia y desligadas del crimen organizado.
Otro rico filón para ahorrar son las compras de bienes y servicios que ejecutan todas las instituciones del Estado. De igual forma todo el mundo en Honduras conoce de los grandes negocios que se hacen día con un sinnúmero de compras que ejecuta el Estado: desde una simple resma de papel, medicinas, computadoras, energía eléctrica hasta la adquisición de automóviles. Todos tienen indicios de estar sobrevalorados, es decir el gobierno está pagando por ellos mucho más de lo que pagan las empresas privadas por los mismos bienes. De igual forma que en los proyectos de inversión aquí son conocidos casos de sobreprecios injustificados de 100% o más.
Sinceramente la solución no está en recortar las habilidades de ejecución de las instituciones, ni de debilitar al contribuyente con más impuestos. Se trata de un combate frontal a la corrupción que ha permitido que todo lo que adquiere las instituciones públicas sea mediante mecanismos no transparentes y a precios muy altos. El actual gobierno en particular no ha sido capaz de enfrentar esto. Enraizadas alianzas que se han iniciado desde las campañas electorales, que se alimentan dentro de la maquinaria partidista, que se ejecutan por la burocracia y empresarios sin escrúpulos, no permiten ser consecuentes en el combate a la ineficiencia y la corrupción, la vía más justa para alcanzar el equilibrio fiscal.
delgadoelvir@yahoo.com
Economista. Catedrático universitario
