Por: Dr. Horacio Ulises Barrios Solano
Premio Nacional de Ciencia “José Cecilio del Valle”
Mediante Decreto Legislativo No. 6 del 10 de noviembre de 1949 nace la Ley del Impuesto Sobre la Renta y simultáneamente la unidad administrativa con el nombre de: “Dirección General del Impuesto Sobre la Renta” bajo el régimen del presidente Gálvez; su primer director fue el extinto P. M. Gabriel A. Mejía compañero nuestro de juntas directivas en San Pedro Sula. Su establecimiento versó, fundamentalmente sobre el rendimiento, utilidad o renta, que se originaba en las actividades civiles o mercantiles, ejecutadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y siempre que la renta percibida, se encontrase dentro o fuera del país, con abstracción del lugar en que se distribuyera o pagara e idéntica situación comprendía a las personas no residentes en Honduras.
El Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta textualmente dice: “Se establece un impuesto anual denominado Impuesto Sobre la Renta, que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, según se determina por esta ley. Se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y, en general, cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente. El Impuesto Sobre la Renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago del contribuyente. La habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sinónimo de la capacidad económica del mismo, que se mide por medio del ingreso percibido en dinero, en crédito, en valores, en derechos, en especie o en cualesquiera otra forma siempre que se pueda medir objetivamente, en términos monetarios, durante el período o año imponible”.
Se preguntarán ¿por qué emborroné estas cuartillas tituladas: “remembranzas de un exauditor tributario”?, por haber sido auditor de campo de ese ente estatal, que más que un trabajo fue para mí toda una escuela, sin embargo, sin falsas modestias soy uno de los “pocos auditores que renuncié” para ir a prestar mis servicios profesionales a una institución semiautónoma del Estado, mejor remunerado obviamente y en donde sí reconocieron mis calificaciones profesionales.
Pero vale la pena recordar algunos de nuestros maestros y excompañeros: como Rafael Flores Gradiz (jefe del Departamento de Auditoría y llegó a ser director general de Tributación), Reynaldo Salinas Lanza (exjefe), Andrés Ordóñez Núñez, Agustín Quezada Rivera, Gabriel Ordóñez Rodezno (exjefe y llegó a ser director general de Tributación), Roger Brito, Julio Merary Espinal Mendoza (llegó a ser secretario general de Tributación), Javier Hernández (llegó a ser subdirector general de la DEI), German Valle Ardón, Hernán Zelaya Valdez Brito, Carlos Valeriano Coello y muchos más que por el factor espacio en este medio los omitimos.
“Por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año que recibe el obligado tributario de cualesquiera de las fuentes que los producen, sea en forma de dinero en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase”; y “la renta neta gravable de una “empresa mercantil” será determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios del período contributivo, debidamente comprobados, que hayan sido pagados o incurridos en la producción de la renta”.
Pero el 30 de diciembre del 2013 en La Gaceta No. 33,316 se reformó el: “Artículo 22-A. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o superiores a diez millones de lempiras (L10,000,000.00) del período impositivo cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del Artículo 22 de la presente ley, resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los “ingresos brutos” declarado.
El Artículo 22-A desfiguró exponencialmente legal y doctrinariamente el concepto de renta neta gravable”, pero en tiempo digital el 10-1-18 “la ministra de Finanzas explicó que los ingresos que se perciben por 1.5% al ISR ya están plasmados en el Presupuesto General del 2018, y por ende sería imposible eliminar dicho gravamen”, obviamente son declaraciones razonables.
A pesar de ello el señor presidente del COHEP ingeniero Juan Carlos Sikaffy con “mucha alegría” aseveró a los medios escritos que: “La mayoría dejará de pagar el 1.5%. al elevar el techo para que ingresen hasta L300 millones ya no paguen el impuesto, eso representa que el 82% automáticamente quedará exento y ya no pagará este Impuesto Sobre la Renta La Prensa de SPS 10-3-18)”. El sector privado utilizó los medios legales a su alcance para su derogación total, pero no lograron nada. Posteriormente por “la buena voluntad del gobernante” el COHEP logró una derogación parcial y escalonada pero, cosas veredes Sancho amigo.
