Por Marcio Enrique Sierra Mejía
Según las proyecciones del INE para el período 2014-2020 en Honduras, la población de niños y jóvenes en las edades de cero a veinte años, comprenden una proporción del 45% del total de la población para el año 2018, y que según los datos reflejados en la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples INE 2017, en su mayoría provienen de hogares en situación de pobreza.
Asimismo, las cifras indican que, para ese mismo año, los niños en edades de 5 a 17 años son 2,532.740, de los cuales 46.7% se encuentran en el área rural y el 53.3% en el área urbana. Doy esta referencia estadística porque estamos observando que, la cooptación de niños y jóvenes, por parte de maras y pandillas: es una amenaza real en ascenso.
Tenemos un contexto social en que los niños, niñas y jóvenes, en su gran mayoría, vive bajo relaciones insatisfactorias y “encuentran en las maras o las pandillas una alternativa de satisfacción a la necesidad humana de agruparse” (PNPRRS, 2014).
Las maras tienden a convertirse en grupos que crean relaciones sociales de cooperación entre sus miembros para la consecución de objetivos comunes. Establecen relaciones personales que generan sentimientos de solidaridad, pero también “simpatías y antipatías hacia otros grupos o miembros de la sociedad” y sobre todo acciones resistentes en contra del gobierno. Esto porque logran realizar acciones delictivas para obtener ingresos que les permiten tener la capacidad económica para “sufragar sus gastos en común” que dan sostenibilidad a “pactos de lealtad y solidaridad absoluta” (PNPRRS, 2014). Como muy bien los plantean en el estudio de maras y pandillas en Honduras: estos grupos delictivos se han convertido “en grupos de referencia, una forma de ascenso social cercana y práctica, un medio de subsistencia, de refugio y cobijo, que le brinda comida segura y al día, desarrollando sentimientos de orgullo, de prestancia, de satisfacción y aceptación de un colectivo que los recibe tal cual y sin reservas” (PNPRRS, 2014).
Necesitamos contraponer a las maras y pandillas otros grupos bien estructurados y organizados que sigan patrones de conducta ejemplares y decididos a crear salud cívica en cada barrio en donde las relaciones sociales indiquen deterioro de la sociabilidad; obviamente, apoyados económicamente por la sociedad civil y el Estado. No es posible que la organización de maras y pandillas que son “grupos bien estructurados y organizados, que cuentan con una jerarquía definida, viven en una especie de hermandad en las que respetan normas, reglas y códigos; siguen patrones de conducta definidas y tienen entre sus propósitos mantener y dominar lo que consideran su territorio”: dominen las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula y ahora tiendan a expandir su poder hacia las áreas rurales.
Hemos fallado como sociedad y lamentablemente hemos dejado que la buena convivencia para favorecer el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, deje de incidir efectivamente en la disminución de la violencia; lo cual, favorece la proliferación de maras y pandillas.
En consecuencia, la formación de la “autoridad marera o pandillista” que, con el correr del tiempo tiende a imponerse en los barrios de las ciudades principales y algunas secundarias del país, se ha constituido en uno de los factores de riesgo más espinosos del contexto del delito. Al respecto, el estudio realizado por el PNPRRS en el 2014 nos brinda una acertada y completa explicación de lo que es la autoridad en las maras y pandillas. Es importante y necesario retomar este estudio para analizar cómo se puede contrarrestar el agrandamiento hegemónico de dicha autoridad, mediante la aplicación de una estrategia de prevención que, defina líneas de acción, para evitar su ensanchamiento y se creen condiciones de convivencia ciudadana que incidan efectivamente en su minimización.
Hay que conjuntar esfuerzos y pensar de manera compartida con la Secretaria de Seguridad en un plan de acción que implique la creación de mecanismos al interior de las ciudades, que garanticen niveles altos de participación de niñas, niños y jóvenes en procesos de cohesión grupal. Organizar y establecer un sistema de cohesión comunitaria que induzca programas para la transferencia de buenas prácticas en materia de integración de los niños, niñas y jóvenes a través del fomento de la participación y la promoción de la convivencia a nivel local (acciones comunitarias interculturales) que contribuyan a generar confianza y valores alternativos al de las maras y pandillas. Es necesario empoderar experiencias ejemplares que demuestren una nueva calidad de solidaridad como valor de una nueva manifestación de cohesión grupal. A través de relaciones comunitarias que inspiren sentimientos afectivos en este segmento de población que son un tesoro nacional.