TANTO en el Congreso Nacional como en los “PRE” de Igor tienen en la mira darle vuelta de calcetín a la actual ley electoral –unos anhelan hacer una nueva– para que en las próximas contiendas capee los vientos arremolinados que sacudieron el proceso en las pasadas elecciones. No que estemos insinuando que no se ocupe hacer algo para siquiera aparentar que se ha mejorado lo que causó tanta perturbación en el pasado proceso.
Reformas son necesarias, siquiera para medio enderezar algo de lo que luce torcido. Sin embargo, lo que urge de terapia es la actitud de los políticos que mantienen al auditorio trastornado en una neblinosa atmósfera de dudas y de sospechas donde nada y nadie merece confianza. Tan malograda está la credibilidad local que hasta para acercarse a platicar precisan de mediadores externos medrando en los asuntos soberanos del país. Mientras en Nicaragua la Conferencia Episcopal está mediando en el diálogo nacional –allá sí hay crisis, nada parecido a lo que ahora es la situación conflictiva acá– aquí no hubo chunche que les acomodara o nadie tuvo valor de ofrecerse, ya que la comodidad consiste en escapar del bulto.
Por allí pueden deducir si lo que requiere remedio es la ley o la conducta montaraz en la clase política. Aquí cuando se presentan torbellinos –que más obedecen a la desaforada ansiedad de políticos de romper los esquemas del sistema que someterse a ellos– piensan que manoseando las leyes van a zurcir lo que han deshilachado. Antes los partidos nombraban sus representantes en el TSE, pero aquello fue reformado para dotar a la politizada institución de mayor autonomía e independencia. Igual intención tuvo separar el RNP del ente electoral. Ahora quieren regresar a lo viejo, para que cada partido tenga su delegado –devolverle el mote de ente politizado– dizque para asegurar imparcialidad. Ni imaginar que otras modalidades deseen introducir o cambiarle a las que ya existen o lo que pueda antojárseles hacer con el RNP para que los “hechos no se repitan”, así como sucedió con las olvidadas conclusiones de la Comisión de la Verdad que para nada sirvieron. La comunidad internacional está ansiosa de meter su cuchara en los procesos electorales nacionales. La impresión generalizada es que los “animalitos salvajes” ocupan de arreo para encontrar ruta. El último retoque que le hicieron empujado por la misión de la OEA fue meterle tantos controles a ley –orientados a impedir el financiamiento ilícito de las campañas– que los partidos de oposición, salvo aquellos que reciben subvención subrepticia del exterior, no pudieron conseguir contribuciones del sector empresarial.
Sin recursos no pudieron pautar en los medios, la campaña propagandística fue menos que modesta y bien aburrida, no hubo debates, los que más insultan y se prestan al espectáculo acapararon, de gratis, la atención mediática, nadie supo cuáles eran las propuestas o planes de gobierno, mientras fue imposible detectar –en esta nueva modalidad de la política limpia– si hubo o no financiación de las redes del narco que aún quedan, porque esos pagan en especies y al contado no con cheques o transferencias bancarias que puedan ser rastreadas. Sin embargo, como se trata de presumir –aunque las babosadas funcionen al revés– pese a que la democracia se debilita cuando los opositores no tienen como presentar sus ideas en forma equilibrada o competitiva, la impresión de los “reformadores” para conseguir aplausos de la comunidad internacional (promotora de la ilusión que el paisaje este debe ser democratizado a su medida y semejanza) celebra aquello como el más notable de los avances. A modo de referencia, infórmense de lo que piensan los mexicanos –ya vistas en la práctica– de sus últimas reformas electorales.
