MANAGUA (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el material obtenido durante su trabajo de campo evidencia «graves violaciones de derechos humanos» con «al menos 76 personas muertas» en Nicaragua.
«Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados», indicó la comisionada Antonia Urrejola, relatora país de Nicaragua.
La comisionada detalló que el resultado del uso de la fuerza aparte de provocar «decenas de muertos y centenares de personas heridas», generó «detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento».
De acuerdo a la información obtenida por la CIDH, desde el comienzo de la crisis sociopolítica, «hubo, al menos, 76 personas muertas y 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas», además de un total de 438 detenciones.
«La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha», aseguró.
El ente se refirió al «uso desproporcionado de la fuerza» que permiten concluir «que la Policía Nacional y la fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones», y comentó que «varios testimonios hablan del uso de francotiradores».
«Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales», aseveró la comisionada para añadir que «Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas».
La comisión observó en su trabajo la falta de «estándares forenses» en los casos de muertos y heridos en los hospitales y el Instituto de Medicina Legal «que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz».
De igual modo, «la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes».
«En algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia», lamentó Urrejola.
Otra de sus denuncias fue el «ambiente de intimidación» contra los opositores, las «amenazas de muerte», la «vigilancia» y el «hostigamiento en redes sociales».
De acuerdo a las denuncias recabadas, la CIDH comentó que se habría negado atención médica de urgencia a los heridos.
«Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información», sentenció.
Finalmente, la comisión reclamó «la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional» y «un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones» mediante un calendario de nuevas visitas. EFE