Por Óscar Antonio Oyuela Castellón
Es inconcebible que los diputados con un descaro sin precedentes en la historia legislativa de este pobre país se hayan puesto de acuerdo para mocionar y al final aprobar un sustancial aumento salarial, en un momento político altamente sensitivo dentro y fuera de la región, ignorando lo que claramente señalan esos autorizados informes de la cooperación para el desarrollo del G-16, de organismos internacionales que desnudan la realidad socioeconómica y política hondureña, del PNUD, del PMA, FIDA, Objetivos del Milenio, mandatos oficiales del Comité de Seguridad Alimentaria y el Grupo de Trabajo para la Elaboración de un Conjunto de Directrices para el Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional de la FAO, informes periódicos de organismos que monitorean avances y retrocesos de programas de desarrollo, y otros importantes estudios que confirman las estadísticas de la extrema pobreza y miseria de nuestro país, que se agravará con la masiva deportación de los nacionales indocumentados en Estados Unidos al termino del TPS y la consecuente reducción de las remesas que ayudaban aliviar la economía y sostenían miles de familias que, dicho sea de paso, estas se dieron el lujo de reventar las tarjetas de crédito en tonterías mientras sus parientes se reventaban el lomo allá haciendo trabajos rudos que nadie quiere hacer en aquel país del norte, y, probablemente siga Europa el mismo camino, entonces se agravaría mucho más la crisis.
Estos irresponsables diputados oportunistas no reflexionaron en lo más mínimo las consecuencias de actos tan abusivos como este, pues, sin duda adolecen crónicamente en sus estrechas mentes de la más elemental lógica y sensatez, no previeron las naturales reacciones de un pueblo ahogándose en la pobreza y haciendo frente a serios problemas como la salud, que aun con todo el esfuerzo que realiza el recién nombrado ministro de reconocidos antecedentes administrativos, académicos y de honorabilidad, es difícil para él que a corto plazo ponga a funcionar el sistema sanitario que todos demandamos, empezando por abastecer farmacias y dotar de suficiente material médico quirúrgico a los hospitales públicos de las principales ciudades. Otro dolor de cabeza es el tema educativo que hoy tiene también un ministro que pocos saben dedicó el mejor de sus esfuerzos para elaborar lo que hoy es ley y reglamentos para impulsar un renovado sistema educativo nacional. En lo laboral no se atiende todavía la enorme demanda de centenares de miles de jóvenes egresados de centros técnicos y universitarios, mucho menos tienen posibilidades de una oportunidad los que van a egresar este año. Muchos de estos jóvenes desesperanzados buscarán salir por el Toncontín hacia algún país lejano que les ofrezca lo que aquí en su propio terruño no encuentran, otros se integrarán al grupo de emprendedores que es lo ideal para motorizar la producción y la productividad, y el tercer grupo queriendo salir de los apuros que le causan depresión deciden por salida fácil bajo la creencia de los cantos de sirenas de los eternos anarquistas, integrándose a los bochinches callejeros que convocan diariamente el irresponsable dueño de “coffee” y el “showman” de las “misses”.
Sin duda Honduras pasa por momentos difíciles que requiere la participación de los sectores democráticos para encontrar el equilibrio que exigen las actuales circunstancias, quizá con acuerdos realizables a corto plazo en el marco de un diálogo con gente seria y comprometida con los destinos del país.
El titular del Ejecutivo que es interdependiente del Legislativo tiene la responsabilidad de velar por el mejor interés del pueblo y bien haría en condenar esos excesos que desacreditan a un poder del Estado, se supone representa los más caros intereses de la nación.
En caso de quedar firme esta decisión administrativa del Legislativo que ofende a la inteligencia y enardece a las masas y beneficia políticamente aquel del “carretillazo”, esperamos la apropiada reacción del Presidente de los hondureños. Así como vetó las reformas a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que retrocedía las acciones jurídicas contra la corrupción y la impunidad, debe emitir sus juicios de valor sobre el tema en cuestión. Ojalá que a los “honorables” no se les ocurra desengavetar aquellas estúpidas mociones sobre declarar el día de la baleada o las reformas de la séptima estrofa del Himno Nacional y otras tonterías que provocan hilaridad y vergüenza.