A propósito de las celebraciones del Día del Periodista, utilizadas para galardonar comunicadores en reconocimiento a su labor informativa y a sus singulares aportes en la delicada tarea de orientar a la opinión pública. Siempre en esta época del año, tanto en los discursos de los premiados como en las columnas de opinión de los periódicos, se realiza una ponderación del clima que priva en el país en lo atinente al respeto a la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Por supuesto, que un termómetro es la cantidad de medios de comunicación que operan compitiendo por la atención del auditorio. Tanto de la prensa convencional como los que llenan espacios en la amplia urdimbre de redes sociales. Lo otro a considerar es, ¿qué tanto riesgo conlleva el ejercicio de la profesión y qué tanta libertad existe? Sobre el riesgo, hemos oscilado al vaivén de momentos de aceptable seguridad a épocas neurálgicas donde la muerte de muchos comunicadores –víctimas de la violencia provocada por distintos motivos– todavía no ha sido esclarecida.
Ahora, en lo relativo al respeto a la libertad de expresarse no hay medidas absolutas. Aquí es donde entran los contrastes entre lo que el ambiente permisivo tolera –a veces extralimitando las fronteras de lo que la ley permite– digamos, con la hiperestesia de las autocracias irritables totalmente alérgicas a la función de equilibrio que cumple la prensa en la sociedad. O bien si el cotejo se realiza con parámetros distintos, por ejemplo, con el sistema de las libertades de la sociedad estadounidense donde desde la Casa de Gobierno arremeten cotidianamente contra el “fake news”. Ahora bien, en lo atinente a los aires de libertad que acá se respiran para expresarse sin cortapisas o sin temores, lo que no alcanzamos a entender del todo es que todavía no haya sido derogada aquella trastada que introdujeron en el último momento de las reconsideraciones a las reformas al Código Penal. “APOLOGÍA E INCITACIÓN DE ACTOS DE TERRORISMO: Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público, hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”. ¿Qué puede entenderse por hacer apología de un delito?
Pues es cosa de interpretación. Apología podría parecer lo que en forma inobjetable rebasa el lindero de la noticia: La exaltación y alabanza de criminales o de las salvajadas que cometen, elevándolos a supremo grado de admiración y además conminando a la comunidad a la imitación de bestialidades. Si así fuese, ese proceder es algo reprochable y ningún medio responsable debería caer en semejante imprudencia. Pero esa definición solo es un criterio, ya que hay quien pueda tener otra distinta. Ni imaginarse lo que pudiera sucederle a un prójimo que exprese algo de naturaleza debatible si cae en el ámbito de juzgamiento de un prejuiciado. Cualquier cosa que diga o foto que se publique podría ser catalogada como elogiosa, aunque el sentido o la intención sea algo distinto. En el caso que nos ocupa, igual castigo cae para los que hicieren “enaltecimiento o justificación”. Otros dos términos que en un grado menos preciso que “apología” son tan abiertos que se prestan a conjeturas y suposiciones. Lo mejor que puede hacer la autoridad –para que no haya duda alguna del respeto del gobierno a la libertad de expresión– es derogar esa disposición como desistir de la tentación de meter otras imprudencias en textos legales que se discuten.
