HASTA ahora, la emisión de una nueva tarjeta de identidad ha sido una de las pocas iniciativas planteadas para reformar el sistema electoral. Sin embargo –pese a los argumentos que cualquiera pueda ofrecer sobre esa intención de renovar la identificación– no fue la tarjeta de identidad lo que atrajo las denuncias de fraude de parte de los grupos opositores en las pasadas elecciones. El principal blanco de las denuncias de fraude fue lo relativo a la falta de imparcialidad atribuida al Tribunal Electoral, aunque los mismos magistrados fueron quienes condujeron las elecciones primarias e internas de los partidos, sin que aquel manejo hubiese sido objeto de quejas. No fue sino hasta después, cuando se les ocurrió que solo con un representante suyo en el TSE habría la garantía suficiente en las elecciones presidenciales que lo que estuvo bien para las internas fue cuestionado en las generales. Es de suponer que ahora, que se discute dar vuelta de calcetín al sistema electoral para que sea digno de mayor confianza, van a salir con algún nuevo esquema que sustituya lo que hasta el momento ha funcionado en los pasados procesos comiciales.
Es por allí donde, posiblemente, vaya a empezar la discusión sobre las reformas, ventiladas tanto en una comisión especial del Congreso Nacional como en la mesa del prediálogo de Igor. En esa segunda instancia, cuando los que participan en los encuentros donde un día llegan y el otro se retiran, decidan seguir platicando para bien del país. Ahora sobre las quejas recientes. Uno de los problemas denunciados fue el desorden en los registros censales y su falta de depuración. Todavía aparecen muchos difuntos ya que el trámite para sacarlos exige que los familiares acudan al RNP con el acta de defunción para que los borren. Como los deudos no llegan, el fallecido no puede ser expulsado de los listados. Otro inconveniente es la inclusión de cientos de miles de ciudadanos que emigraron y estando fuera del país no han sufragado en los pasados períodos. Por ello la abstención luce más inflada de lo que es en la realidad; ya que el censo incluye tanto a los que están en el país aptos para votar como a los que están afuera que no vienen al país solo a ejercer el sufragio. El sistema del voto en el exterior es tan endeble que son pocos los votos registrados en los consulados. Así que la depuración de los listados es perentoria. Pero una cosa es depurar el censo como obligación ineludible que debe demandarse a las autoridades del Registro Nacional de las Personas y otra distinta es venderle al ciudadano el espejismo que eso se corrige con una nueva tarjeta de identidad.
Si las autoridades del RNP no han cumplido sus funciones o si el sistema que impera impide que lo hagan, eso es lo que hay que corregir. Hacia allí es a donde debe ir encaminado, entre otros aspectos que urgen reparar. Ahora bien, no hay duda que ya hay comerciantes que sacan cuentas del negocio que sería ganarse esa concesión para dotar a los ciudadanos de una nueva tarjeta de identidad. En el aspecto político la ventaja la tendrían los partidos que cuenten con suficiente estructura y recursos para la documentación de sus correligionarios. Bien los que internamente cuentan con más favor a la hora de recoger contribuciones económicas o los que reciben subvenciones de afuera. La tarjeta la pueden dar libre de costo al cliente, sin embargo eso no evita el trámite implícito de obtenerla. Allí es donde entra la función partidaria. Así que ojo al Cristo con esa propuesta. No decimos que no haya necesidad de identificación, sino que debe haber un amplio debate que permita analizar ventajas y desventajas. Para unos y para otros.