Salario mínimo, ingresos y desarrollo

MC
/ 8 de diciembre de 2018
/ 12:40 am
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Por: Julio Raudales*

Vuelve a la mesa de negociación entre empresarios y trabajadores y a la discusión mediática, la posibilidad de un incremento al salario mínimo para el 2019. La situación ha tomado un cariz de confrontación, debido a lo diametral de las propuestas de las partes.

Los representantes del sector obrero han dicho que pedirán un incremento de, al menos 5,000 lempiras, es decir aproximadamente un 57%, sobre una base salarial establecida de L. 8,910, considerando que el valor actual de la “canasta básica de más de 12 mil lempiras. Los representantes empresariales por su lado proponen que el aumento sea de unos L. 490, es decir de un 5.5%, basados en la inflación prevista.

Vale la pena establecer algunos elementos relativos al tema en el contexto del mercado laboral en el país. Para empezar, será útil recordar qué entendemos por salario mínimo y cuál es su verdadera utilidad en el ámbito social.

En términos generales, los salarios son un macroprecio y expresan el valor monetario acordado entre el empresario y el trabajador, por la realización de alguna actividad económica. Es decir, quien vende en este caso, es el trabajador y quien compra es el patrono.

Es útil recordar lo anterior, para establecer con claridad que el salario mínimo expresa el precio de garantía del factor trabajo en el mercado, cuando la actividad a realizarse es efectuada por alguien que carece de formación o experiencia para llevarla a cabo. Es decir, el salario mínimo es el precio del trabajo, para actividades que no requieren de especialización.

Por supuesto que, al tratarse de un precio de garantía, el salario mínimo debe tener una connotación social. No es aceptable pues, un salario paupérrimo, que lesione la dignidad de una persona solamente porque esta no pueda ofrecer servicios especializados o carezca de calificaciones laborales.

No obstante, cuando escucho o leo los argumentos de uno y otro lado, me queda claro que la discusión no deriva por los canales adecuados y nos lleva, como siempre, a conclusiones alejadas de la solución de los problemas del país. Al respecto, vale la pena examinar algunas cifras.

De acuerdo con la última Encuesta de Hogares de Propósitos múltiples que publicó el gobierno, en Honduras hay unas cuatro millones de personas que tienen un trabajo. De ellos, menos de la mitad son empleados y por lo tanto ganan un salario, es decir, la mayoría de los trabajadores en el país lo hacen por cuenta propia, sin beneficios sociales de ningún tipo: sin salario mínimo, ni sistema de seguridad social, ni bonificaciones, ni prestaciones de ningún tipo.

Si consideramos a los asalariados, la encuesta dice que, de ellos, apenas el 5% gana el salario mínimo, un 63% está por encima del mismo y aproximadamente un 32% recibe un salario inferior al mínimo definido.

Lo anterior es interesante, porque refleja que cada vez que las autoridades, empresarios y trabajadores se reúnen y al final anuncian que llegaron a un acuerdo sobre el salario mínimo, apenas están beneficiando a una pequeñísima parte de los trabajadores.

Esto deja de lado dos problemas: El primero es que hay una alta tasa de no cumplimiento de los acuerdos (32%), lo que se refleja en más de 700 mil empleados que no tienen forma de hacer que se les cumpla el salario mínimo establecido. Esto refleja una vez mas, la incapacidad institucional existente en el país.

Por otra parte, queda claro que hay más de 2 millones de trabajadores por cuenta propia, a los que les da lo mismo que el salario mínimo suba 1% ó 60%, ya que para ellos no existe ninguna garantía de ingresos o prestaciones sociales. Creo que es allí donde se debe poner un mayor empeño para lograr el necesario bienestar social que el país requiere.

Las sociedades exitosas (y en Latinoamérica ya hay varias) requieren de un mayor fomento a la productividad e inversión, para que de esta manera se puedan generar más puestos de trabajo. Es cierto que incrementar el nivel de asalariados formaliza la economía, garantiza mayores ingresos para el Estado y, sobre todo, asegura un esquema de bienestar social de los países. Pero esto solo se puede lograr, generando las condiciones adecuadas de confianza y seguridad jurídica, de manera que haya más empresas y por tanto más puestos de trabajo.

Los simples arreglos sobre salario mínimo, poco o nada podrán hacer para que la situación mejore. Necesitamos más y mejor formación, más y mejores condiciones para la inversión y, por tanto, necesitamos más estado de derecho y confianza para que esta se pueda generar con éxito.

*Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH y presidente del Colegio de Economistas de Honduras.

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