Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, generó grandes expectativas en relación al futuro de la clase política de su país, la que según sus propias palabras, ya no tendrán los privilegios y lujos excesivos a los que se había acostumbrado, incluyéndolo a el mismo en su condición de mandatario.
En una de sus respuestas a las interrogantes formuladas, AMLO dijo de manera categórica “tengo las riendas del poder en mis manos, hay gobierno en México”, refiriéndose específicamente a las medidas que su gobierno adoptará en dos temas puntuales como la inseguridad y el combate a la corrupción, un reto trascendental en momentos en los que los países de América Latina se ven sacudidos por la violencia, el crimen organizado, el fenómeno migratorio y la corrupción política.
Aunque López Obrador apenas está iniciando su gestión, su discurso y primeras ejecutorias hacen prever un giro radical en la forma de gobernar, lo que sin duda se convertirá en el corto plazo en una exigencia social para el resto de los mandatarios de América.
No cabe duda que son tiempos convulsos para la clase política latinoamericana cuyos días de poder y gloria parecen ir desapareciendo producto del descontento social influenciado en gran medida, por el accionar irregular de las élites políticas que encontraron en esta actividad de servicio público, la oportunidad para los grandes negocios y para el incremento indiscrimado de capitales.
La institucionalidad política se debilita cada vez más y prueba de esto es que en el Informe Global de Percepción de la Corrupción 2018 publicado por Transparencia Internacional, dieciséis países latinoamericanos aparecen en la lista de los peor calificados, entre estos Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, México y Honduras.
El informe en referencia advierte que en las naciones con la peor calificación, pareciera no existe voluntad política acerca de la lucha anticorrupción y esto genera el estancamiento de la región, muchos países no consideran el tema como prioritario y aunque se mantiene vigente a nivel de los discursos oficiales, la realidad demuestra que este flagelo está provocando cada vez mayores daños.
Sin embargo, el debilitamiento de la institucionalidad no es solo en el plano político en donde la corrupción tiene a sus principales protagonistas, también se presenta a nivel de las organizaciones encargadas de velar por la correcta aplicación de la justicia y que en muchos casos se ve sometida al poder político.
De lo anterior, Honduras es un caso ejemplar en la región, la manipulación y el sometimiento del sector justicia por parte del poder político, impiden la adecuada investigación, documentación y juicio en contra de altos personajes mencionados en actos reñidos con la ley y que de no ser por la intervención internacional, muchos de los que hoy se ventilan en tribunales nacionales y extranjeros, no habrían salido a luz pública ni mucho menos estarían judicializados.
La única vía que tienen los países para erradicar el flagelo de la corrupción es a través de sistemas judiciales sólidos e independientes, esta es la única alternativa para limitar el camino de quienes han visto en la política un medio fácil de enriquecimiento, de acceso al poder y de tráfico de influencias.
@aldoro/[email protected]