Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no revierte su fallo sobre el embargo precautorio a las cuentas bancarias de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se generaría un apagón en el país, advirtió el gerente de esa estatal, Jesús Mejía.
Un juez impuso un embargo precautorio por 35 millones de dólares, más de 850 millones de lempiras, en contra de la ENEE, a petición de una compañía proveedora, eso agudizó la crisis para saldar pago a generadores y hasta cumplir con el salario de 2 mil empleados de esa institución del Estado.
Jesús Mejía espera que en esta semana les concedan una audiencia en la Corte para resolver este asunto en este año.
“Nos están diciendo que sería el 7 y 8 de enero, repetimos que no nos sirven esas fechas, necesitamos tener acceso a esos más de 2 mil millones de lempiras que tenemos parados en las cuentas bancarias, es un dinero que se va a utilizar exclusivamente para el pago de generación”, adelantó.
“Si no resolvemos esto a la brevedad, puede haber un apagón general en el país”, anunció el gerente de la ENEE.
“Operativamente hemos funcionado eficiente y transparentemente, nos duele que por el mal actuar de malas personas que metieron una demanda por un contrato que ni siquiera se firmó, nos embarguen las cuentas”, insistió.
A criterio de Jesús Mejía “el embargo precautorio se da cuando hay temor que una de las partes vaya a desaparecer, pero el Estado no va desaparecer”.
“Estamos en la parte de la apelación para que el juez correspondiente dicte la medida correcta, no es correcto que nos embarguen una cuenta en forma precautoria y peor por un contrato que no existe”, rebatió el funcionario.
Con relación a los pagos atrasados para más de 2 mil empleados de la ENEE, la fuente estatal, confirmó que “hicimos las diligencias correspondientes a lo interno del gobierno para honrar el pago a pesar de las cuentas embargadas”.
“Esperamos que a partir de las 3:00 de la tarde en algunos bancos a algunos empleados se les haya reflejado su sueldo y décimo tercer mes”, confió, para luego referir que adquirieron en la Secretaría de Finanzas 170 millones de lempiras para pagar a proveedores menores y a la seguridad privada.