OEA sugiere al CN separar al TSE en sección Administrativa y Jurisdiccional

MC
/ 12 de diciembre de 2018
/ 01:57 am
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La misión técnica electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó ayer al Congreso Nacional las recomendaciones para las reformas electorales, entre las que se destaca separar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en sección Administrativa y Jurisdiccional.

El documento fue entregado al titular del Legislativo, Mauricio Oliva, por el embajador  Francisco Guerrero, mientras el resumen y contenido fue descrito por Rodrigo Morales, encargado de la   consultoría para elaborar el documento base para elaborar la nueva Ley Electoral a sugerencia de la OEA.

La Tribuna, de manera exclusiva, tuvo acceso al informe que presentó la misión técnica electoral de la OEA al titular del Legislativo, Mauricio Oliva.

A continuación un resumen sucinto del informe el cual se muestra de manera integra en la dirección electrónica. www.latribuna.hn. (Javier Sánchez)

INFORME

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) desplegada para las elecciones generales de Honduras del 2017 concluyó en su informe final que el proceso electoral observado fue de baja calidad y que, en un contexto de resultados estrechos, el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon los comicios no permitieron a la Misión tener plena certeza sobre los resultados. Diversos elementos fueron alimentando las dudas sobre el proceso electoral en sus distintas etapas.

En la fase preelectoral, la Misión tomó nota sobre las acusaciones de partidización del órgano electoral y observó que los órganos temporales a nivel departamental y municipal carecían de profesionalismo en la ejecución de sus funciones técnicas y en la articulación con otros actores del proceso.

Esto se tradujo en improvisación en varios aspectos del proceso.

En lo que se refiere a las Mesas Electorales Receptoras (MER), se observaron desafíos tanto en la acreditación como en la capacitación de sus miembros.

La Misión notó que las credenciales entregadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los partidos registrados no tenían el nombre de los delegados políticos que asumirían cargos al interior de la mesa, con la excepción de las credenciales del Partido Nacional.

Esto suscitó sospechas y preocupación con respecto de la compra de credenciales por parte de los partidos grandes a las formaciones partidarias que no tuvieron capacidad de nombrar representantes para todas las MER.

NI UN VOTO

Aunque la Misión no pudo corroborar esta práctica, llamó la atención que en algunas mesas donde existían representantes de partidos políticos pequeños, estos no obtuvieron ni un voto. El partido VAMOS fue el único que devolvió al TSE las credenciales sobrantes, 18,000.

La capacitación a los miembros de MER estuvo a cargo de los partidos políticos, lo cual implicó que el nivel de formación de estos dependiera de la infraestructura de las formaciones partidarias y no de los funcionarios del TSE.

La Misión observó que este sistema de capacitación no cumplió con su propósito dado que el día de la elección los observadores de la OEA notaron que los miembros de las MER no conocían algunos de los procedimientos de la mesa.

En la etapa preelectoral se observó también que se cambió el proveedor del sistema de transmisión y procesamiento de resultados a 30 días de la elección, lo que dejó poco tiempo para desarrollar el nuevo sistema y llevar a cabo las pruebas necesarias y ajustes pertinentes.

Además, el simulacro al Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) fue limitado y no se llevó a cabo hasta el 12 de noviembre, imposibilitando poner a prueba nuevamente el sistema después de realizar los ajustes. Desde antes de la convocatoria, el proceso electoral 2017 fue cuestionado en su legitimidad por distintos sectores de la población que se oponían a la reelección presidencial.

MALA PRÁCTICA Y REAVIVÓ POLARIZACIÓN

La MOE/OEA señaló que la habilitación de la reelección por medio de una sentencia judicial es una mala práctica que se ha presentado en otros países de la región y que en el caso de Honduras reavivó la polarización generada por el golpe y crisis política del 2009.

El día de la elección la Misión observó una serie de irregularidades a lo largo de la jornada, que se acentuaron en la fase de transmisión y publicación de resultados.

Los observadores de la OEA visitaron 1,257 Mesas Electorales Receptoras (MER) en 451 centros de votación en 17 departamentos del país para observar la votación.

En sus reportes destacaron que al momento de apertura de las MER se produjeron retrasos en algunas mesas por la falta del sello de “ratificado” utilizado para estampar el reverso de las papeletas y ratificar que la boleta marcada por el elector fuera la misma que la que le fue entregada para ejercer el sufragio.

Esto generó largas filas y confusión entre el electorado.

Estos inconvenientes al arranque de la jornada se trasladaron al momento del cierre, ya que no hubo claridad sobre si se prolongaría la votación para compensar los retrasos de la mañana, lo que dejó a parte del electorado sin votar.

Los observadores reportaron también algunos casos en los que se incitó a los electores a votar de forma pública y constataron traslado masivo de votantes en distintos puntos del país, así como compra de votos en 3 departamentos.

A pesar de estos incidentes puntuales, en general la jornada transcurrió de forma ordenada.

El principal problema se dio en la fase de transmisión y publicación de resultados.

La noche de la elección la ciudadanía no recibió información oficial por parte del TSE sobre las actas computadas hasta la 1:30 de la madrugada del lunes 27 de noviembre y el procesamiento de actas, estimado en 16 mil, no alcanzó por mucho el objetivo.

GUERRA DE RESULTADOS

Debido a esto las encuestas a boca de urna ocuparon los medios de comunicación generando una guerra de resultados en la que dos candidatos se declararon ganadores.

Después de que el TSE diera el primer corte de resultados parciales, el sistema de divulgación de resultados, disponible al público online, no fue actualizado hasta entrado el lunes 27 de noviembre. Después de la elección, la Misión mantuvo presencia permanente en el centro de acopio (INFOP), donde el 27 de noviembre empezaron a llegar las maletas electorales provenientes de los distintos puntos del país.

Los observadores constataron que no se implementaron protocolos preestablecidos para la recepción y descarga de materiales.

Además, notaron que algunos camiones que portaban las maletas llegaban al INFOP sin el acompañamiento de custodios y que para abrirlos, en ocasiones, el personal del TSE tuvo que violentar los candados debido a la ausencia del personal militar responsable.

Asimismo, se constató que se alteró el orden de despacho y descarga de maletas, que inicialmente era por orden de llegada y posteriormente por criterios que no se dieron a conocer.

En cuanto al material electoral, los observadores reportaron que algunas maletas llegaron al INFOP abiertas o incompletas, en ocasiones faltando el acta, las hojas de incidencias y/o los cuadernos de votación, y que algunas no contenían ninguno de los mecanismos de seguridad.

LA MOE/OEA señaló que la incertidumbre, la falta de transparencia y el vacío de información que se vivió en esa semana era prevenible y atendible.

Sumado a esto, el 29 de noviembre el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) se interrumpió durante casi 9 horas por la caída de uno de los servidores por motivos que la Misión no pudo conocer.

Teniendo en cuenta las irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon esta elección, y el estrecho margen entre los votos obtenidos por la primera y segunda candidatura, la Misión recomendó seis actividades que podrían esclarecer las dudas sobre el proceso y permaneció con un equipo técnico en el país para darles seguimiento.

La Misión observó el escrutinio especial en el centro de acopio, donde constató que no existe un protocolo o instructivo detallado y estandarizado para este proceso. Se utilizaron distintos criterios para validar los votos en las mesas y no se tomaron en cuenta las hojas de incidencia ni se revisaron los cuadernos de votantes.

Asimismo, notó con preocupación que en un pequeño número de mesas se contaron como votos válidos aquellos contenidos en papeletas que no tenían señales propias del manejo que les dan los votantes y los miembros de mesa al contarlas.

HABÍA COINCIDENCIA EN CASI TOTALIDAD DE  LAS ACTAS

Estas papeletas se encontraban como nuevas, inclusive sin pliegues. En el contexto de la observación postelectoral, la MOE analizó un importante número de actas correspondientes al SIEDE y escrutinios especiales, así como a las fuerzas políticas en contienda (Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición contra la Dictadura). De esta revisión, la MOE/OEA pudo concluir que en casi la totalidad de las actas había coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. Sin embargo, existieron algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los tres partidos y las del TSE. Es importante notar que las copias de las actas en posesión de los partidos no contaban con las medidas de seguridad para evitar su alteración o falsificación. Con el objetivo de obtener información propia de la integridad del SIEDE y sus componentes, la OEA contrató técnicos para llevar a cabo una auditoría acotada para verificar el comportamiento del sistema. A partir del análisis técnico realizado, la Misión no pudo confirmar que el SIEDE hubiese sido manipulado con dolo.

Sin embargo, sí pudo afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada. Al final de esta etapa de observación, la MOE/OEA concluyó que observó un proceso de baja calidad electoral y, por ende, que no podía afirmar que las dudas sobre el mismo estuviesen esclarecidas.

NO ELECCIONES BAJO MISMAS REGLAS

Tomando en consideración la experiencia del proceso electoral de Honduras del 2017, existe consenso de que el país no debe afrontar nuevas elecciones bajo las mismas reglas y sin abordar los problemas técnicos y logísticos que ocurrieron durante los pasados comicios. El análisis y las propuestas que el grupo de expertos definió como prioritarias, están enfocadas precisamente en la premisa anterior: qué aspectos de la legislación de Honduras se deben abordar con el objetivo de evitar la repetición de un proceso electoral insatisfactorio.
Será fundamental garantizar la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. Esta definición es crucial en el contenido de este informe.

A la hora de emprender este proceso, sirve de guía algunos criterios señalados por Dieter Nohlen como requisitos estratégicos de un debate de reformas, relevantes y atingentes para cualquier tipo de reforma electoral.

En primer lugar, es necesario que los procesos de reforma electoral contemplen un diagnóstico integral del sistema electoral vigente con el objetivo de identificar el problema que se busca resolver.

Este diagnóstico debe incluir cuestionamientos sobre si el sistema actual cumple con las exigencias funcionales establecidas en la norma y en qué medida se adapta este sistema al contexto político y socio-cultural. (Gramática de los sistemas electorales: una introducción a la ingeniería de la representación (Nohlen), 2015).

El diagnóstico integral es fundamental para evitar que la reforma esté orientada a la formulación de normas pensadas para resolver problemas de coyuntura (Gramática de los sistemas electorales: una introducción a la ingeniería de la representación (Nohlen), 2015).

El proceso de diagnóstico de las propuestas de reforma debe ser representativo.

Es decir, debe contemplar la inclusión de todos los actores de la sociedad a través de discusiones con los partidos políticos, instituciones del Estado, asociaciones de la sociedad civil e investigadores en temas políticos y electorales (Misión Electoral Especial de Colombia (MEE), 2018).

DETERMINAR CON EXACTITUD

En segundo lugar, el debate sobre la reforma electoral consiste en determinar con exactitud los objetivos de dicha reforma. Una vez comprendida la complejidad del tema, es imprescindible definir primero los objetivos de la reforma y luego lograr consenso al respecto. El debate sobre la reforma debe estar orientado a identificar qué es lo que se quiere mejorar. De lo contrario, si los políticos presentan diversas propuestas basadas en la concepción de un ¨sistema electoral ideal¨ se corre el riesgo de no lograr ningún resultado y enfrascarse en polémicas y confrontación (Misión Electoral Especial de Colombia (MEE), 2018).

En tercer lugar, el debate estratégico debe estar enfocado en la evaluación de las condiciones sociopolíticas específicas del país, para así poder determinar sus probables consecuencias políticas. Se debe realizar un análisis a fondo del país en cuestión, que investigue, entre otras cosas, la estructura del sistema de partidos, las estructuras políticas generales, etc. Finalmente, una vez identificado lo anterior, es necesaria “una evaluación global de los efectos de una reforma electoral” (Gramática de los sistemas electorales: una introducción a la ingeniería de la representación (Nohlen), 2015).

Los puntos anteriores permiten definir ciertos criterios que el grupo de expertos considera importantes para guiar el proceso de reforma electoral: Deben existir consensos que permitan la viabilidad no solo desde el punto de vista de su aprobación sino también desde el ámbito de su ejecución, de la instrumentación de las normas a la realidad del proceso electoral.

Ello debe considerar aspectos técnicos, políticos y presupuestarios.  Las reformas deben contar con la legitimidad política que le da el Congreso Nacional, pero también considerar los puntos de vista, ideas y contribuciones al debate que surgen de la sociedad civil y de otros actores de la sociedad.
Se debe considerar la gradualidad a la hora de implementar determinados cambios, bajo la premisa de que los procesos electorales son siempre perfectibles. Además, es importante considerar las restricciones presupuestarias a la hora de emprender determinadas reformas.

Es fundamental que las reformas electorales no resuelvan exclusivamente una coyuntura, sino que su objetivo esté orientado al establecimiento de un marco jurídico estable, que refleje la realidad político-social del país y que soporte los vaivenes de la competencia electoral.

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

Las reformas electorales deben apuntar a generar un impacto desde el punto de vista de la credibilidad y confianza en los procesos electorales y en las instituciones involucradas. El debate de la formulación de propuestas de reforma electoral se debe adaptar a la estructura constitucional del país que la promueve y a los estándares latinoamericanos de elecciones democráticas con elecciones inclusivas, limpias, competitivas y periódicas, elementos que resguardan los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos legales del sistema interamericano (Un Manual para las misiones de Observación Electoral de la OEA (OEA), 2011).

AGOTAMIENTO DE UN MODELO

El propósito de este informe es contribuir a reformas orientadas a fortalecer los procesos electorales de Honduras. La experiencia de las elecciones del 2017 pone en evidencia el agotamiento de un modelo que no está en condiciones de soportar otro evento comicial.

Lo manifestado por la MOE/OEA 2017 respecto a haber observado un proceso de baja calidad electoral, debe servir de reflexión para orientar el debate sobre las reformas que se llevarán a cabo.

Las propuestas planteadas están desarrolladas bajo un esquema que permite individualizar cada uno de los problemas que el grupo de trabajo definió como prioritario para efectos de abordar desde el punto de vista de una reforma electoral.

Posteriormente, se identifica la fuente normativa sobre la que descansa actualmente la regulación particular del tema y se vislumbra el objetivo que se pretende alcanzar o los aspectos que se buscan corregir con las modificaciones constitucionales o legales correspondientes.

Finalmente, se plantea la propuesta concreta para ser implementada. El grupo de expertos tuvo la posibilidad de conocer las ideas y propuestas de diversos sectores, incluyendo de las fuerzas políticas del país.

Todas las ideas aportan al debate y merecen consideración. Sin perjuicio de ello, este informe se ha construido bajo la premisa de considerar propuestas y soluciones cuyo impacto permitan solucionar los problemas acaecidos en el proceso electoral del 2017. El diseño institucional y los cambios en materias relacionadas con el proceso electoral son un primer eslabón. Esto se complementa con aspectos relacionados a la inscripción y cancelación de partidos políticos, por su incidencia en la arquitectura electoral, con cambios en materia de financiamiento, por la importancia de continuar.

ADMITEN VARIANTES

Las observaciones y recomendaciones de la MOE/OEA 2017 han sido orientadoras en este trabajo. El diseño institucional actual debe dar paso a un esquema que supere las características y efectos del sistema bipartidista en la estructura electoral. Las propuestas de este informe aportan ideas concretas y recomendaciones, y admiten variantes que se pueden considerar. Sin embargo, no se puede dejar de lado esa realidad a la hora de definir los cambios que sean necesarios. El grupo de expertos procuró escuchar a la mayor cantidad de actores posibles. A través de las propuestas que aquí se plantean no se busca favorecer a ninguna posición ni fuerza política en particular, sino al sistema electoral hondureño en su conjunto.

El fin último es contribuir a elecciones con transparencia, garantías y certidumbre para la sociedad hondureña.

Para ello, es importante que el Congreso Nacional defina claramente el propósito de las reformas electorales, para dar cabida a modificaciones constitucionales y legales que sean coherentes, brinden confianza a la ciudadanía y a los actores políticos y permitan asentar una institucionalidad electoral que dé garantías a los distintos sectores políticos del país.

Las reformas que se lleven a cabo, requieren un trabajo fino y exhaustivo para plasmar normativamente los cambios requeridos y acordados.

VOLUNTAD POLÍTCA

Es importante que la técnica legislativa refleje adecuadamente las propuestas que se adopten, para no dejar espacio a dudas ni ambigüedades. Sin perjuicio de todo lo anterior, el grupo de expertos hace un llamado a dimensionar que las reformas electorales por sí mismas no resuelven los problemas del sistema electoral hondureño entendido en un sentido amplio, si no existe voluntad política para que la norma tenga correlación en la realidad.

Ello implica un trabajo multidisciplinario que debe incluir como componente fundamental el fortalecimiento técnico de los órganos electorales, con el apoyo de partidos políticos y sociedad civil. Se deben destinar recursos humanos y financieros acorde a las exigencias, para el cumplimiento de las disposiciones estipuladas en la ley. Asimismo, se debe trabajar en la reglamentación de los aspectos técnicos y administrativos de los procesos electorales, en los procedimientos que sirven de soporte al proceso electoral, en la capacitación de los distintos funcionarios y personas que intervienen directa e indirectamente en la jornada electoral, así como en la planificación adecuada de las distintas actividades necesarias para la celebración de elecciones.

DIFERENTES MECANISMOS

En las Elecciones Generales en Honduras (OEA), 2017, p.14). Al respecto, la MOE/OEA concluyó que aunque la LEOP contempla diferentes mecanismos para hacer valer inconformidades o impugnaciones en contra de la actuación de la autoridad electoral o de otros actores políticos, sería deseable que en la ley existiera un apartado especial en la que se regularan de manera específica estos medios de impugnación, y se establecieran los requisitos de procedencia, sujetos legitimados para promoverlos, medios de prueba que se admiten y la forma en que se notificarán las resoluciones. Esto con el fin de promover la cultura de la legalidad en el país. En general, el proceso generó reacciones muy negativas. De manera interna, se desataron olas de protesta social en las principales ciudades, con un balance de decenas de muertos. En el frente internacional, la MOE/OEA consideró que faltaban los elementos suficientes para tener certeza sobre los resultados.

El proceso electoral del 2017 demostró que si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE), está definido como una institución autónoma e independiente, no ha dejado de responder a la influencia de los partidos a los que representan los magistrados. Ello pone en duda la imparcialidad y neutralidad de la autoridad electoral frente a la pluralidad de fuerzas políticas existentes y a la ciudadanía en general. La institucionalidad electoral debe ser reforzada y reformulada, para evitar la repetición de los sucesos acaecidos en 2017.

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