¿Agonía bolivariana?

Por Óscar Antonio Oyuela Castellón

Con el cierre del periódico El Nacional en Caracas, después de 75 años de circulación, y la detención de un corresponsal extranjero en el mismo centro penal donde por varios años estuvo recluido el líder de la oposición, Leopoldo López, el régimen dictatorial de Maduro silencia al último medio de comunicación independiente que quedaba, teniendo allanado el camino para establecer el ambiente social y político que necesita para inaugurar el tercer mandato del régimen opresor, el próximo 10 de enero del 2019, aun cuando las elecciones no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Ante los pronunciamientos del Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, en el seno de la OEA se emitió la resolución declarando ilegítimas las elecciones del 20 de mayo pasado porque “…no fueron transparentes ni contaron con la participación de las diversas fuerzas políticas del país”. Por su parte el régimen opresor de Nicaragua ordenó se sacará del aire el canal 100% Noticias y se procesaran periodistas independientes. La policía, sin orden judicial, asaltó la redacción de la revista digital “Confidencial” y se canceló la personería jurídica de varias organizaciones no gubernamentales que demandan retorno a un orden de derecho. El Departamento de Estado de EEUU condenó la feroz represión de ambos regímenes contra periodistas y medios de comunicación independientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua elevó su más enérgica condena por la violación de los derechos de asociación y de expresión.

Esto contribuyó a acelerar la aprobación en el Congreso estadounidense de la Ley de Sanciones para Nicaragua (Nicaragua Investment Condionality Act.), después de más de dos años de discusión y entrará en vigencia a partir de la firma del presidente Trump. Esta ley castigará a los funcionarios del régimen dictatorial de Ortega por actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Durante la huelga nacional contra la dictadura hasta el día de hoy se registran 500 muertos, más de 4 mil heridos, varios centenares de presos políticos y otros miles que han logrado refugiarse en el estado de la Florida, algunos con asilo político, lo mismo está sucediendo con los venezolanos que mediante iniciativas de congresistas demócratas y republicanos se gestiona la protección, como el TPS, que todavía acoge salvadoreños y hondureños.

No obstante, a los reiterados llamados de Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, que se convocara al pueblo a elecciones generales, el régimen represor orteguista hizo caso omiso a la demanda internacional e incumplió compromisos que había contraído en las mesas de diálogos, con la mediación de la Iglesia Católica, y arreció las medidas de presión contra la población en huelga nacional.

El gobierno estadounidense con esta ley estará ejecutando medidas de presión más enérgicas, que van desde la eliminación de visas, bloqueo de cuentas bancarias, confiscación de bienes inmuebles y prohibición para realizar transacciones financieras en la jurisdicción de los Estados Unidos. Quedarán inmovilizados créditos de organismos financieros internacionales mientras no se convoque al pueblo a elecciones generales.

Esta Ley de Sanciones para Nicaragua es complementaria a la Ley Global Magnitsky aplicable en cualquier parte del mundo donde incurran en los delitos establecidos por esta misma ley. El gobierno estadounidense sancionará a los individuos que hayan incurridos en actos de corrupción en jurisdicción estadounidense y que hayan violado derechos humanos.

Aun cuando nuestros países son firmantes de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este mal en lugar de disminuir ha crecido desmesuradamente.

La Ley Global Magnitsky castigará a “cualquier persona extranjera involucrada en asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos, sino que también se sancionará a los que incurran en “actos de corrupción significativos, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras”.

Ambas leyes y mediante mecanismos diplomáticos de la OEA y la ONU se ejercerá tal presión para que el dictador venezolano no se perpetúe en el poder después del 10 de enero del 2019, y lo propio se hará con el régimen represor de Nicaragua, que también pretende quedarse en el poder.

¿Esto será suficiente para terminar con la tozudez bolivariana y reducir la corrupción, o hacer lo que se hizo con Noriega en Panamá?