Del miércoles nueve al viernes 11 de enero se desarrollará la etapa de debate del juicio oral y público contra los encausados Luis Alejandro Castro Núñez (49) y el exmilitar Wilmer Samuel Álvarez Pagoada (41), ambos acusados del delito de asesinato en perjuicio del fiscal Orlan Chávez (52).
El mismo se desarrollará en la sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, informó la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.
El hecho criminal ocurrió el pasado 18 de abril de 2013, alrededor de las 8:15 de la noche, cuando Chávez regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente “Juan Ramón Molina”, cerca del estadio Nacional, en Tegucigalpa, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra.
En las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró recabar la suficiente prueba técnica-científica, ejecutándose como parte de la Operación “Dignidad”, un allanamiento en la colonia Tiloarque, en Comayagüela, donde se ejecutó la orden de captura contra Álvarez Pagoada, quien fue cadete de la Academia Militar y miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) en 1995, además que es licenciado en informática y participó en una misión de paz de Honduras en Haití, patrocinada por las Naciones Unidas.
Álvarez Pagoada intentó someterse a procedimiento abreviado, pretendiendo responsabilizarse del delito de asesinato a título de cómplice, pero eso le fue rechazado y declarado improcedente ya que los fiscales de Delitos contra la Vida atribuyen al encausado la autoría material del hecho violento, por lo que tendrá que ir a juicio.
Por su parte, Luis Alejandro Castro Núñez estuvo preso en el penal de San Pedro Sula, Cortés, por los delitos de asalto y robo contra una cooperativa y fue detenido el 8 de mayo del 2015. En sus antecedentes también figura que el 4 de noviembre de 1998 fue acusado por estafa, pero salió libre, en el 2013 lo detuvieron en posesión de unos expedientes “hackeados” de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y, actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara.
La FEDCV logró judicializar este caso, en coordinación con la ATIC, cuyos agentes asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), retomaron la investigación, pudiéndose así acreditar la participación de los dos encausados en el crimen, así como del entonces comisario de Policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47), a quien también se le giró orden de captura por el asesinato de Chávez, por el que tendrá que responder ante la justicia hondureña una vez que culmine su proceso y condena por narcotráfico en Estados Unidos que es de cinco años. (XM)
