Managua, 9 ene (EFE).- El producto interno bruto (PIB) nicaragüense cayó un 4,8 por ciento en el tercer trimestre de 2018, comparado con el mismo período del año anterior, informó hoy el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El tercer trimestre de 2018, es decir de julio a septiembre, ya registraba el estallido social que comenzó en abril pasado en Nicaragua y que ha dejado cientos de muertos y detenidos.
Por el enfoque del gasto, la evolución interanual del PIB del tercer trimestre estuvo determinada por impulsos de la demanda externa neta y contrarrestada por la demanda interna, explicó el banco emisor del Estado en un informe.
En el tercer trimestre, en la demanda externa neta se observó disminución en las exportaciones (-2,9 %) y en las importaciones (-26,1 %), precisó.
Por su parte, se registró reducción en el consumo (-6,3 %) y en la formación bruta de capital (-28,7 %), detalló.
Por el enfoque de la producción, la evolución interanual del PIB trimestral estuvo asociado a aumentos en el valor agregado de agricultura (11 %), explotación de minas y canteras (10,6 %), pesca y acuicultura (9,7 %), electricidad (6,8 %), industria manufacturera (5,5 %), agua (5,1 %), salud (3,2 %) y enseñanza (2,4 %), principalmente.
Todo eso fue contrarrestado por las disminuciones en hoteles y restaurantes (-36,9 %), comercio (-18,2 %), construcción (-10,3 %), intermediación financiera (-8,2 %) y transporte y comunicación (-7 %), entre otros.
El Gobierno calculaba antes de la crisis sociopolítica que atraviesa desde el 18 de abril que la economía crecería en 2018 entre un 4,5 por ciento y un 5 por ciento, pero el Banco Central actualizó su proyección y estimó un repunte de solo entre 0,5 y 1,5 por ciento.
El banco emisor del Estado aún no ha dado a conocer el crecimiento del PIB del año pasado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó en un informe difundido en octubre pasado que la economía de Nicaragua se contraería un 4 % en 2018 y un 1 % en 2019.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió en un informe en julio que si la crisis duraba hasta diciembre la economía se contraería hasta un 5,6 por ciento, con una pérdida de 1.400 millones de dólares y quizás medio millón de empleos.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reconocen 199 muertos y 340 detenidos a los que llaman «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de «golpe de Estado» que, asegura, ya ha sido aplacado.
