Por Nery Alexis Gaitán
Uno de los males sociales que ha agobiado a los hondureños en los últimos tiempos ha sido el incremento de la violencia. Esta ha sido generada en mayor medida por las actividades ilícitas provenientes del narcotráfico y del crimen organizado; asimismo de las acciones provenientes de las maras y pandillas que se han dedicado, entre otros males, a la extorsión y el sicariato.
No podemos dejar de recordar que estos ilícitos se incrementaron en gran medida durante el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), jefeado por Manuel Zelaya. En ese tiempo el aterrizaje de avionetas llenas de droga era un evento cotidiano. A partir de ahí el pueblo hondureño empezó a sufrir una violencia tan terrible que las principales ciudades ingresaron a la lista de las más violentas del mundo.
El ataque frontal contra estos ilícitos lo empezó el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, que entre otras cosas inició las extradiciones hacia los Estados Unidos de personas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado. Al respecto es importante reconocer los avances en seguridad que el gobierno ha realizado a partir de los últimos años, en donde se ha reducido la violencia, se ha extraditado a narcotraficantes, y se ha combatido la extorsión y el sicariato. Asimismo se empezó el proceso de depuración de la policía, que es tan necesario para combatir ilícitos de esta naturaleza, porque es una realidad que el crimen organizado la había infiltrado.
Es alentador el informe que la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha presentado, entre otras estadísticas se resalta lo siguiente: Incorporar 2,500 policías más para llegar a 19,000 y reducir la tasa de homicidios a 35 por cada 100,000 habitantes, son algunas metas para el 2019. La Comisión ha cancelado a 5,521 policías, por distintas razones, en el proceso de depuración. Y en los 31 meses de labor se incorporaron 9,823 nuevos agentes y oficiales, en el marco del nuevo modelo educativo de la Policía Nacional.
En el 2018 hubo muchos logros en el tema de la investigación criminal, se potenció la Dirección Policial de Investigación (DPI), Didadpol (Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía), las Fuerzas Especiales, y se mejoró la infraestructura de la Policía, entre otros. Asimismo se anunció la construcción de sedes policiales en La Mosquitia, Catacamas, dos en Tegucigalpa, una en Gracias (Lempira) y en Siguatepeque.
La Comisión le planteó al Presidente Hernández la reforma del sistema educativo, la transformación del Instituto Técnico Policial, ubicado en La Paz, y los planes que hay para mejorar la Academia Nacional de Policía en el marco de un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Todo esto es muy positivo y refleja los esfuerzos gubernamentales por mejorar la seguridad ciudadana. Los avances han sido significativos si recordamos que no hace mucho, hace cinco años, la tasa de homicidios era de 90 por cada cien mil habitantes, frente a 40 por cada cien mil en la actualidad.
Aunque la mejoría es notoria, todavía se debe seguir trabajando para eliminar estos índices de violencia, que como ya se dijo, en su mayor parte son generados por el crimen organizado y el narcotráfico. Asimismo se debe seguir combatiendo la delincuencia común que tanto afecta al ciudadano de a pie.
También se deben seguir reduciendo los índices de impunidad en que se han cobijado los delincuentes de todo tipo. La depuración en el sistema judicial también ha sido notoria, pero debe continuar para el bienestar de todos.
Es importante recalcar los esfuerzos que el gobierno ha realizado hasta el momento en la reducción de los índices de violencia.
Creemos que va en el camino correcto. De esa forma se afianza la paz social y por ende el sistema democrático que hay que defender a toda costa.