El partido de Gobierno de Nicaragua propondrá una reforma fiscal que eleva las tasas de los impuestos sobre la renta y de valor agregado para recaudar el equivalente al 2,3 % del PIB, en un intento por paliar la abrupta caída de la economía a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país.
Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubican en un 4 % la caída del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua en el 2018, un dato que contrasta con la expectativa del Banco Central nicaragüense de un crecimiento del 1 %, muy por debajo del al menos 4,5 % que calculaba antes de la crisis.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dijo este lunes que el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria será presentado ante el Parlamento en las próximas horas y que espera que sea aprobado esta misma semana por la mayoría oficialista.
La reforma plantea que la tasa del 1 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) que ahora pagan las grandes y medianas empresas pase a ser del 3 y 2 por ciento mensual, respectivamente, explicó Gutiérrez.
El proyecto también propone que los asesores, técnicos y altos cargos de las sociedades anónimas paguen un 25 por ciento de ISLR, diez puntos porcentuales más, así como un alza en la tasa del IVA, actualmente del 15 por ciento, que pagan las bebidas sintéticas y alcohólicas, cigarrillos y alimentos «de muy bajo valor nutricional».
Según Gutiérrez, que no precisó la variación que tendría el IVA, la meta del Gobierno es recaudar 10.168 millones de córdobas (313,3 millones de dólares), un 2,3 por ciento del PIB, «que necesitamos obtener».
«Necesitamos aprobar esta reforma fiscal», resaltó el diputado.
Gutiérrez justificó la propuesta en que Nicaragua experimentó una contracción económica en 2018 como producto de la crisis sociopolítica, causada, según dijo, por un «golpe de Estado fallido» contra el presidente Daniel Ortega.
Una reforma de ley similar que intentaba ser aplicada a la Seguridad Social desató en abril pasado la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas y que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
El versión oficial de un «golpe de Estado fallido» ha sido rechazado tanto por opositores como por organismos internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emprendió el pasado 11 de enero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional. (EFE)
