Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
A más tardar con el inicio de la década pasada ya era evidente la necesidad de profundas reformas electorales. Así se dejó establecido en los acuerdos del año 2001 entre los partidos que prometían elevar la autoridad electoral a un ente autónomo y técnico, dirigido por personas de reconocida honorabilidad, que no representaran intereses partidarios ni que acataran órdenes de otra autoridad. Después del golpe del 2009, la Comisión de la Verdad recogió nuevamente el mensaje: debía blindarse la autoridad electoral de la influencia de los partidos políticos evitando integrar activistas o dirigentes de los partidos políticos en la institución electoral. El 2018 nuevamente en el diálogo político se puso a discusión esa aspiración de la ciudadanía.
Sin embargo, los políticos arremetieron la semana pasado contra el consenso nacional y con una de las ideas básicas del fortalecimiento de la democracia. La decisión de la mayoría en el Congreso Nacional fue que a Libre le corresponde un magistrado en cada uno de los nuevos organismos electorales. El argumento principal, al menos el que se ha difundido de manera pública, ha sido que con solo magistrados del PN, PL y uno de los partidos minúsculos en los entes electorales, se hace posible el fraude contra otras fuerzas políticas importantes no representadas, en este caso particular, contra Libre. Por ello, la solución para garantizar limpieza en el proceso, en los resultados y en los reclamos judiciales es ceder una representación al otro grande. Así nadie con probabilidades de éxito hará chanchullos contra el otro. Cada magistrado, en igualdad de condiciones que los otros dos, podrá defender sus votos exitosamente. Con esto, según las cúpulas, el problema está resuelto. Honduras podrá realizar procesos electorales apegados a la voluntad del voto ciudadano.
Los que se han opuesto a los cambios auténticos en los organismos electorales conocen perfectamente el sistema electoral hondureño. Siendo ellos los que lo han dirigido, saben de sus horribles debilidades y de los chanchullos que se cometen. Conocen que son instituciones que se rigen por líneas partidistas. La inscripción ilegal de candidatos, la sustitución ilegal de otros, el financiamiento por el narcotráfico, actas de mesas electorales tergiversadas, sistemas electrónicos manipulables y el tráfico de credenciales son algunas de las cosas que pertenecen al acontecer diario del sistema al que han estado acostumbrados. Los que han manejado todo esto, han sido testigos y protagonistas de un sistema donde los valores democráticos poco han importado históricamente, sobre todo cuando sus partidos y sus corrientes internas están ante resultados adversos.
Las cúpulas políticas de todos los partidos políticos nunca han vivido ni han querido algo diferente a lo anterior. Ese ha sido su ambiente por toda una vida y tampoco pueden imaginarse algo diferente. Con un pragmatismo cínico, declaran como absurdo cualquier intento sincero por enmarcar el sistema electoral en principios de decencia, transparencia e independencia. Debido a todo lo anterior no han querido una reforma profunda como ha sido planteado desde hace casi dos décadas en diferentes instancias de diálogo. En contra de las reformas que se han exigido, solamente han aceptado incorporar a “Mel” y a su partido, quienes se aliaron con el Partido Nacional para obtener un lugar en la argolla. Una concesión que en todo caso tiene un precio político. Ya no serán dos, sino que tres, jugando bajo la misma lógica del fraude, la improvisación y el sectarismo: PN y Libre contra PL; PL y PN contra Libre; PL y Libre contra PN, son las alianzas que se estarán observando de acuerdo a la coyuntura, pero siempre de espaldas a los valores democráticos y a los verdaderos cambios deseados.