Más de 30 querellas se han interpuesto contra de profesionales del periodismo y comunicadores en Honduras, desde el 2004 a la fecha, entre ellos, reporteros y directores de radio, televisión y prensa escrita.
La mayoría de las denuncias se han presentado por delitos contra el honor de las personas, quienes se han sentido víctimas de difamación o calumnia por parte de periodistas. Otros aducen que les han dañado su integridad moral y que, en algunos casos, han motivado a terceros a causarles daños físicos.
A estas denuncias se suman otras presentadas por supuestas víctimas de violencia doméstica, hay demandas de alimentos y algunas acusaciones de estafa y hasta extorsión, según registros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conedeh), a donde han acudido los perjudicados.
En el caso de las acusaciones por supuesta difamación o calumnia contra los miembros del gremio periodístico, entre los denunciantes figuran secretarios de Estado, profesionales del derecho, periodistas, magistrados, jueces, regidores, gerentes de instituciones del Estado, diputados y empresarios, entre otros.
Registros del ente estatal de derechos humanos establecen que, desde el año 2004 a la fecha, se han interpuesto alrededor de 30 querellas contra personas vinculadas a los medios de comunicación. De esa cifra, al menos, seis han sido objeto de sentencias en el país, mientras que otros prefirieron llegar a acuerdos conciliatorios.
REPARACIONES CIVILES
El pasado 11 de enero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «sin lugar» un recurso de casación presentado por la defensa del periodista David Romero, y ratificó la sentencia emitida en marzo de 2016, de 10 años de reclusión por la comisión de seis delitos de difamación constitutivos de injurias.
El 15 de enero, el diputado del Partido Unificación Democrática (UD), Mario Noé Villafranca, introdujo ante el pleno del Congreso Nacional, una moción en la que pide derogar en su totalidad el título III relativo a los delitos contra el honor, capítulo I y II, de la calumnia, injuria y difamación
El titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, abogó por la despenalización de los delitos contra el honor en el país y dijo que, privar de la libertad a una persona por la comisión de los mismos, “es una medida severa, inadecuada, innecesaria y desproporcional, porque lo que se busca es la restitución de la reputación de la persona afectada y la reparación de los daños causados, evitando dañar la libertad de expresión”.
Si bien, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que trae deberes y responsabilidades por cumplir y que el deber fundamental de quien la ejerce es respetar los derechos humanos de los demás. Sin embargo, el Estado debe hacer lo máximo para evitar poner restricciones que afecten la libertad de expresión, explicó.
Sumado a eso, dijo que se debe asegurar el respeto al derecho al honor, al buen nombre y reputación de las personas con responsabilidades y sanciones idóneas que no afecten la libertad de expresión. Desde ese punto de vista, consideró que es más conveniente para un país de derechos optar por las reparaciones de tipo civil y por aquellas que hagan público el reconocimiento individual del abuso que se cometió contra el honor de alguien y la obligación de hacer las reparaciones adecuadas al caso. (SA)
