Por Francisco Zepeda Andino
Cnel. ® FAH
La frase “pie de fuerza” es utilizada en varias naciones y explicada de manera simple, significa la cantidad o número de personal en una fuerza militar o de seguridad. A mayor cantidad, mayor pie de fuerza.
Ya sea por una razón u otra, los obcecados sociales o en política, no reconocen los trascendentales avances que se han dado en los últimos años en lo relativo a seguridad. Ese reconocimiento, es paradójico, proviene afuera de nuestras fronteras. Mirar hacia atrás, hasta hace unos años, nos puede dar una mejor idea de lo cercano que estuvimos del precipicio nacional en cuanto a delincuencia, crimen organizado y narcotráfico.
El analista, político y economista colombiano Alfredo Rangel Suárez, en el diario El Tiempo, en marzo del 2001, escribía un artículo titulado “Pie de fuerza”, relacionado a los momentos críticos vividos en Colombia por la violencia. El doctor Rangel expresa: “Las miradas retrospectivas siempre son útiles. Permiten apreciar los cambios ocurridos durante ciertos períodos de tiempo y evaluar mejor la situación presente. Con el tema crítico de la seguridad, la necesidad de esas miradas es aún mayor, porque a veces la costumbre o el acomodo no permiten reaccionar a tiempo y cuando se intenta hacerlo es demasiado tarde y ya está todo fuera de control”.
Desde el 2006 hasta 2014, la Policía Nacional estuvo conformada por unos 8,000-10,000 agentes y oficiales. A esa cantidad de personas hay que restar las dedicadas a labores administrativas, las destinadas a escolta de dignatarios o custodia de embajadas y otras instalaciones. No es necesario repetir aquí el grado de corrupción y criminalidad al que llegó esa institución.
Cuando un alto funcionario de gobierno expresó que oficiales de la Policía actuaban como “controladores de torre” para las avionetas con droga llegando casi a diario procedentes de Suramérica, no se le dio la relevancia necesaria.
Los asesinatos de Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos y su amigo Carlos Pineda, del general Julián Arístides González, director general de Lucha contra el Narcotráfico, el ingeniero Alfredo Landaverde o el fiscal Orlan Chávez, hicieron saltar las alarmas en la sociedad hondureña sobre la situación nacional. Posteriormente se logró establecer la responsabilidad de agentes y oficiales de la Policía Nacional en tales hechos. Era tal el grado de penetración del crimen organizado y narcotráfico. Los débiles intentos de reestructuración hechos internamente, solo buscaban esconder la podredumbre.
Con un “pie de fuerza” de unos 23,000 miembros, la Policía Nacional Civil de El Salvador cubre una extensión territorial de 21,041 Km. cuadrados y da seguridad a 7.5 millones de habitantes. En Honduras, solo el departamento de Olancho tiene una extensión de 23,905 km, cuadrados y la totalidad de compatriotas ya llegó a los 9 millones en los 112,492 km. de territorio. Solo los insensatos no podían apreciar nuestra evidente debilidad en materia de seguridad ciudadana.
El proceso de depuración en la Policía Nacional ordenado por la autoridad ejecutiva y exigida por la sociedad en general, logró evaluar y retirar de las filas a unos 5,500 agentes y oficiales. Eso significa un poco más del 50% del total y tal medida nos colocaba en una situación insostenible sino se reemplazaba el personal despedido. Decisiones colaterales como aprobación de la extradición a los Estados Unidos de América, desmantelar, perseguir y capturar capos del narcotráfico, control del lavado de activos, adquisición de herramientas tecnológicas (cámaras de vigilancia, sistema 911), investigación y sanción de actividades judiciales dudosas, retomar el control de centros penitenciarios penetrados totalmente por la delincuencia y narcotráfico, construcción de nuevas facilidades carcelarias, (a manera de ejemplo: la instalación penitenciaria en San Pedro Sula, construida para albergar unos 800 reclusos, llegó hasta 3,500, equivalente a colocar en un carro para 4 personas, unas 17), fueron eficaces en el esfuerzo empeñado. La creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuestionada y adversada por los ciegos ideológicos o políticos, logró reemplazar el vacío dejado por los policías depurados y establecer un ambiente de comprensión y aceptación con la mayoría de la población que valora su desempeño.
Todas las acciones llevadas a cabo para restablecer la paz y seguridad nacionales necesitan fondos. El establecimiento de la Tasa de Seguridad, controversial medida, ha logrado solventar una buena parte de los requerimientos exigidos. Puede ser que existan “fugas” en compras de equipos o sistemas pero lo anterior, aparte de ser investigado y deducidas las responsabilidades si existen, no puede argumentarse para dar pasos atrás en la lucha contra la inseguridad y los delitos.
Hemos reaccionado a tiempo pero falta camino por recorrer.
Continuará.