INGENIARSE qué hacer sobre estos problemas que lastiman al pueblo es lo que conviene a los diputados, en aras de subir puntos en aprecio ante la opinión pública. Uno de ellos fue abordado en el editorial de ayer. Se refiere a los cobros abusivos en los centros de asistencia y las clínicas privadas de salud. Insistimos en que un mínimo de regulación es necesaria. (Digamos que los médicos cobren allí en los hospitales lo que tasan por consulta en sus prácticas privadas. Que no inflen los precios de los exámenes de laboratorio ni de los medicamentos). Ninguna clínica particular va a cerrar por regulación prudente que se emita para hacer más asequible la salud privada a los pacientes. Solo se ocupa moderación, para que médicos no manden recibos solo por ir a enseñar su linda cara y tanto el servicio prestado como las medicinas, exámenes y materiales tengan relación con el valor real del mercado. Preparen el proyecto de ley y lo presentan.
Otro tema es el peaje. Autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), escuetamente informaron que aplicaron un reajuste en la tarifa del peaje en el Corredor Logístico que comprende la carretera CA-5. Sobre el sopapo anunciado días atrás hubo una protesta de los motoristas y después nada se supo. Hasta ahora el público se entera que les dieron el privilegio de revisar anualmente las tarifas. Las razones para hacerlo son desconocidas. Solo que están autorizados por el contrato para hacer revisiones anuales y que “ocupan dar mantenimiento a las carreteras”. No explican cuáles factores inciden para que el operador pueda atracar al público subiendo el costo de pasar por esas casetas. Esa concesión del peaje fue cuestionada desde el inicio, ya que permitieron a la empresa cobrar incluso por retazos de carretera que no construyeron. No hubo respuesta a las inquietudes anteriores formuladas en este mismo espacio editorial. Ello es. ¿Por qué tiene que haber reajuste todos los años sin que haya razones que lo justifiquen? ¿Cuáles son los costos adicionales incurridos que no se puedan cubrir con las tasas que ya se cobran y bajo la responsabilidad que asumieron cuando suscribieron el contrato? Esto es lo que debiesen explicarle al auditorio, digamos en audiencias públicas que se realicen, por iniciativa de los diputados, en el Congreso Nacional. Después de todo, allá fue donde refrendaron esos contratos. Sobre el peaje, el amable público no tiene mucha información.
Los administradores de las trancas en las casetas no se han preocupado por hacer imagen institucional. O por proyectarse a las comunidades. La imagen es necesaria para granjearse respaldo popular. No hay campañas promocionales para educar al público sobre las ventajas que, a su juicio, obtiene el país al concesionar las carreteras a la iniciativa particular. Y como estos no informan ni se perfilan positivamente, por cuenta propia, para ganarse estima entre el incrédulo público, alguna forma debe de haber para hacerlos hablar. No queda de otras, que comparezcan de manera obligatoria, a explicar e informar las cosas que el pueblo ignora, porque todo se maneja bajo el más escrupuloso silencio. Para que haya debate público sobre el tema y sobre estos cobros controversiales.