Managua, 26 feb (EFE).- El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzarán mañana una nueva mesa de negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país, en medio de un ambiente de desconfianza.
Las negociaciones se reanudarán en medio de una creciente presión externa en contra del Gobierno sandinista y la caída de la economía, que se contrajo un 4 % en 2018, aunque también bajo el temor que se trate de una estrategia de Ortega para ganar tiempo de cara a las elecciones de 2021, según diversos sectores.
La mesa de negociaciones se instalará siete meses después que se suspendiera de forma indefinida el diálogo nacional que comenzó a mediados de mayo de 2018, después de que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
La semana pasada el presidente Ortega convocó la reanudación de las negociaciones con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.
Ortega no ha dado a conocer la agenda del Ejecutivo, solo que la mesa de diálogo se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque «eso no es correcto en una negociación».
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que su Gobierno privilegiará la «paz» en el diálogo.
Por su lado, la Alianza Cívica anunció que plantearán en la nueva mesa de negociaciones la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.
También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Previo a las negociaciones, el Poder Judicial, controlado por el oficialismo, ha suspendido al menos tres juicios contra manifestantes opositores.
Hasta ahora se desconoce la razón por la que el Poder Judicial ha suspendido los juicios contra manifestantes opositores, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre si el presidente Ortega utilizará «como rehenes» a los reos durante las negociaciones, como ha denunciado al Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.
La liberación de los manifestantes, considerados «presos políticos» por los defensores de los derechos humanos y «terroristas» o «golpistas» por Ortega, es una de las exigencias de diversos sectores de la sociedad nicaragüense para el inicio de las negociaciones, a lo que el presidente no se ha referido.
Previo a que se convocara a la reanudación del diálogo, Ortega recibió a una delegación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que le planteó la «liberación de los presos políticos».
Al respecto, el Gobierno de Nicaragua invocó que a su entender las personas detenidas han sido objeto del debido proceso.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Para el excomandante de la revolución sandinista, Luis Carrión Cruz, el presidente Ortega llega débil al diálogo, pero buscará cómo «neutralizar» el aislamiento y las sanciones internacionales en su contra.
«Él buscará neutralizar el aislamiento y las sanciones internacionales, preservar su poder y mantenerse en la Presidencia hasta el 2021, evadir la justicia y asegurar impunidad para él y los suyos, entre otros», señaló Carrión Cruz, quien se encuentra distanciado de Ortega, en una carta abierta dirigida a la Alianza Cívica.
También tratará de aprovechar el diálogo para confundir, dividir y establecer negociaciones separadas con distintos grupos para debilitar el gran frente de la oposición democrática, y tratará de utilizar a los «presos políticos» como rehenes y cartas de negociación para ofrecer como concesiones, consideró.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, quien será uno de los testigos de las negociaciones, ha pedido confiar en esas conversaciones, «porque no hay otra alternativa».
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.EFE