Por Ernesto Paz Aguilar
Exvicepresidente del Tribunal Nacional de Elecciones
La administración Callejas Romero (1990-94) estuvo marcada por diversos escándalos de corrupción. Uno de los más sonados fue denominado el chinazo, por cuyas repercusiones nacionales e internacionales merece mención especial. El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Carta de Naturalización (Decretos 26-90 de 14/12/90 y su Reglamento (Acuerdo 85-91 de 7/2/91) conocida popularmente como ley de venta de la ciudadanía, que años después de su aplicación derivó en el escándalo del chinazo.
Otorgar la ciudadanía por inversión (Citizen by investment) fue el incentivo del negocio. Desde hace mucho tiempo, la inversión extranjera ha sido considerada como una de las variables estratégicas para alcanzar el desarrollo económico y social, debido a la debilidad crónica de las élites locales.
Una de las justificaciones de la ley fue la facultad que tiene el Congreso Nacional de otorgar Carta de Naturalización por servicios extraordinarios prestados a Honduras. Para los efectos de esta ley, escribieron los legisladores “se consideran servicios extraordinarios prestados a Honduras por personas naturales extranjeras, invertir una cantidad no menor de U.S. $ 25,000.00 para los adultos y 3,000 como mínimo para las personas dependientes. Estas cantidades pueden ser donadas, (la ley no dice a quien) caso en el cual no hay obligación alguna de inversión”. Movida perfecta.
Las personas que compraron la ciudadanía, que incluía pasaporte y tarjeta de identidad, no fueron obligadas a renunciar a su nacionalidad de origen y por ello fue considerada como “ciudadanía de conveniencia” equivalente en el negocio marítimo a la “bandera de conveniencia” (Flag of convenience). La ley fue esencialmente temporal y tuvo una vigencia de un año, sin embargo, fue prorrogada por seis meses a petición del sector privado nacional (Decreto 15-92 de 18/2/92).
Es importante destacar que, en el reglamento elaborado al efecto el Estado delegó la promoción en el extranjero a entidades privadas (bufetes de abogados) y para asegurar los resultados de su gestión, dichas entidades rindieron fianza a favor del gobierno de Honduras por diez millones de dólares (US$ 10,000.000.00).
La sorpresiva y precipitada aprobación de la Ley Especial Carta de Naturalización por la mayoría mecánica del partido de gobierno, provocó protestas de sectores de la oposición. Carlos Roberto Reina, quien años después fue electo presidente de la República, escribió: “La ley aprobada desnaturaliza el concepto de nacionalidad y viola los preceptos básicos de nuestra Carta Magna”.
El origen. El índice acusador apunta a René Contreras, un ciudadano nicaragüense establecido en Honduras y que fue considerado como el cerebro de la operación. Es probable que el esquema haya sido copiado de la experiencia de otros países. Estos programas han funcionado y siguen funcionando en el caribe insular (Antigua y Barbuda, Granada, Saint Kits and Neves y Sant Lucia), en ciertos microestados de Oceanía (Tonga, Vanuatu, Marshall Island, Samoa y Nauru) y en Malta y Chipre en la Unión Europea.
La oferta y la demanda. El fino olfato de Contreras lo condujo hasta Hong Kong, colonia británica, donde el proceso de retrocesión a la República Popular China estaba en marcha. Muchos residentes hongkoneses temerosos del futuro hicieron planes para obtener residencia o ciudadanía en el extranjero y Julie Koi Lai Ng, también conocida como Julie Ng, cónsul honorario de Honduras en Hong Kong, le dio inicio a la operación. El cónsul Julie Ng fue nombrada en su cargo en los años ochenta y posteriormente el gobierno hondureño la distinguió con la condecoración José Cecilio del Valle en grado de Gran Cruz de Plata.
La zaga del chinazo. A principios del segundo año de la administración Reina Idiáquez (94-98) estalló otro escándalo de corrupción denominado mediáticamente “el pasaportazo”, donde corrieron los dólares a torrentes y que resultó ser la zaga del chinazo. En efecto, centenares de chinos portadores de pasaportes hondureños de dudosa legalidad, abarrotaron las oficinas públicas para renovar sus documentos. También de manera paralela, se intensificó la migración irregular hacia los EEUU, una de las técnicas utilizadas fue la utilización de pasaportes oficiales (que son expedidos a funcionarios de menor rango del gobierno) para viajar a EEUU supuestamente a recibir cursos o participar en seminarios de formación y que algunos aprovecharon para quedarse ilegalmente en ese país.
Paradójicamente, la zaga del chinazo desató una bárbara cacería de brujas contra funcionarios y empleados de Relaciones Exteriores y de Planificación Económica señalados de ser responsables del tráfico de ilegales y que culminó con el injusto encarcelamiento de muchos de ellos. En la siguiente entrega, relataremos como el escándalo del chinazo terminó siendo la estafa del siglo.