Managua, Nicaragua.- El gobierno de Daniel Ortega y la oposición continúan este viernes negociando, sin lograr hasta el momento definir las reglas del diálogo ni los temas de fondo que abordarán para intentar resolver la crisis política y económica que envuelva a Nicaragua desde hace más de 10 meses.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo que este viernes las partes deberán establecer «con claridad los puntos pendientes de las reglas del proceso de negociación», que se reanudó hace tres días tras el fracaso de un primer intento de diálogo hace meses.
«Esperamos tener clara la hoja de ruta de las conversaciones», precisó antes de la reunión Azáhaléa Solís, integrante de la delegación de la alianza opositora en la mesa de negociación.
«Es un diálogo difícil, pero la delegación del gobierno tiene toda la voluntad de encontrar caminos de encuentros (..) en beneficio de Nicaragua», coincidió uno de los representantes de Ortega en las negociaciones, Wilfredo Navarro.
La cita se desarrolla a puertas cerradas en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua, con el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigos.
Los periodistas no tienen acceso a la reunión ni a los participantes, y esperan a lo largo del día información a varios metros del recinto.
Navarro confirmó que tienen un pacto de «confidencialidad» que les impide revelar el avance de las negociaciones mientras no existan acuerdos.
– «Paso positivo» –
La Unión Europea (UE) señaló este viernes en un comunicado que el diálogo en Nicaragua «constituye un paso positivo hacia una salida a la actual crisis política a través de una solución negociada».
No obstante consideró que «el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de libertad de expresión y de reunión, es esencial para recuperar la confianza» y que un verdadero diálogo debe «contemplar las reformas necesarias para asegurar elecciones creíbles».
Pidió, además, que se restablezca la cooperación con las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus órganos, y que se permita la vuelta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expulsada el año pasado.
– Diálogo estancado –
El jefe de la delegación opositora, Carlos Tünnermann, adelantó que entre las reglas que negocian está la presencia de «garantes» internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y la UE.
El gobierno no se ha pronunciado sobre este tema, en el que según medios de prensa hay discrepancias, pues apuntan a que el ejecutivo considera que la crisis debe ser resuelta entre los nicaragüenses sin «injerencia» extranjera.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aclaró el miércoles que la entidad no puede «entrar en una negociación» mientras existan manifestantes presos. El gobierno excarceló ese día a un centenar de detenidos por protestar contra el gobierno.
Pero más de 600 opositores, entre ellos varios dirigentes y dos reconocidos periodistas, continúan encarcelados a la espera de ser procesados, mientras que otros ya han sido condenados por participar en las protestas bajo cargos de «terrorismo» y otros delitos.
Los cargos tienen base en una reciente ley que castiga las protestas con hasta 20 años de prisión, en procesos cerrados que la oposición ha calificado de irregulares.
«Esperamos que todos los prisioneros detenidos de forma ilegal sean liberados. Juicios justos, así como otras garantías conforme a la Constitución, deben ser respetados para todos los detenidos», demandó la UE.
La oposición exige además liberar y anular todos los juicios contra los opositores con base en declaraciones del exmagistrado Rafael Solís, otrora hombre de confianza de Ortega, que desertó y se exilió en enero en Costa Rica.
«Son acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron» los manifestantes, dijo Solís en una carta pública.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que luego evolucionó en una demanda de salida del poder de Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde 2007 junto a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, volvió a la mesa de negociación en medio de una profunda crisis económica y fuertes presiones internacionales. AFP