En el despacho judicial ubicado en las instalaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), se celebrará el próximo viernes 8 de marzo a las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial para cuatro personas a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos, portación y tenencia ilegal de armas de fuego.
Los encausados en este caso son Gustavo Adolfo Lobo Álvarez, Bayron Mejía Urbina y Dinor Donaldo Ortiz Mejía, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Medida cautelar que abarca a Bayron Donaldo Mejía Urbina por considerarlo responsable del delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en audiencia de declaración de imputado resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley para inquirir, para los antes mencionados.
Ante la naturaleza del delito, la gravedad de la pena e imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas a la detención judicial, el juez de Letras Penal los remite a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad en Támara, M.D.C.
El juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en esa materia, ordenó se ejecutaran 13 allanamientos, 7 inspecciones a negocios, también la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 5 inmuebles, 1 sociedad mercantil y 31 vehículos.
La Operación Manglares, accióm donde se les dio captura a los cuatro encausados, se llevó a cabo en el departamento de Atlántida, como antecedente del caso, el Ministerio Público a través de la Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) recibió en enero del año 2018 una denuncia en la cual se señala a varios ciudadanos, entre ellos Wilmer Lobo y otros, como personas que han aumentado su patrimonio de manera acelerada, para ello utilizan un negocio dedicado a la venta de ropa usada denominado Mangys Store.
Después de la identificación de los denunciados se ejecutaron diversas diligencias investigativas con el fin de constatar la existencia de patrimonio de procedencia ilícita, también como parte de las mismas se recibió información del sistema financiero con la cual se hace evidente el traslado, la transferencia y conversión de activos por montos que no corresponden con la actividad económica que desarrollan los investigados, existiendo inclusive reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero.
Por otra parte, se encuentra acreditado el aumento patrimonial a través de las 35 sucursales de Mangys Store abiertas a nivel nacional, ubicadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Francisco Morazán y Olancho, negocio que fue constituido en el año 2005 a través de una declaración de comerciante individual realizada por el ciudadano Wilmer Alexander Lobo Álvarez y posteriormente en el año 2017 la constitución de la sociedad mercantil denominada Mangys Store Group, S. de R.L de C.V. junto con otros socios.
Se identificó el aumento de las transacciones financieras, transferencias internacionales y compra de divisas, las que en algunos productos bancarios se realizan por montos millonarios, sin que tengan justificación de su procedencia ya que no están acordes al rubro del negocio ni con la situación económica de las zonas donde operan la mayoría de sus sucursales.