La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, en su informe anual sobre el país, destacó que la impunidad generalizada mantiene en incertidumbre a Honduras, por lo que hizo 20 recomendaciones al Estado hondureño, en beneficio de la población.
En el presente informe, el organismo describe la situación de los derechos humanos en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Entre las observaciones hechas destaca al inicio del documento que el diálogo político, tras la crisis electoral del 2017, se cerró el 11 de diciembre del 2018 “sin ningún acuerdo formal”.
Asimismo, la OACNUDH lamenta que se presentó una propuesta de amnistía para abordar la situación legal de las personas acusadas por delitos cometidos en el contexto de las protestas electorales, “pero no se obtuvo consenso…”.
“…no hubo acuerdo sobre la celebración de un referéndum para reformar la Constitución y derogar la prohibición de la reelección presidencial”.
UN PAÍS POLARIZADO
En ese contexto, señala que “se refleja en el resultado del diálogo apoyado por las Naciones Unidas, el país permanece profundamente polarizado…”.
Además, apunta que “…las fracturas generadas por la eliminación del límite del período presidencial establecido en la Constitución, las denuncias de fraude y la participación de grupos delictivos en las elecciones de 2017, siguen sin resolverse”.
En torno a la la impunidad, la califican como “generalizada, incluso para las violaciones de derechos humanos, como lo demuestra el modesto progreso realizado en la investigación y procesamiento de miembros de las fuerzas de seguridad, por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017”.
El documento, con un enfoque en la pobreza y los temas económicos y sociales, indica que las desigualdades están profundamente arraigadas, siendo una causa principal de la migración en curso, como se refleja en la participación de miles de personas hondureñas que agruparon las caravanas de migrantes desde octubre del año pasado.
En el capítulo de violencia, inseguridad y la lucha contra la corrupción e impunidad, destacan las cifras que refieren que Honduras es un país de ingresos medianos y bajos, marcado por una pobreza generalizada que afecta a más del 67 por ciento de su población.
Además, el 58.9 por ciento de la población rural vive en la pobreza extrema. En el 2016, el gobierno adoptó un índice de pobreza multidimensional que refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta Honduras, ya que estima que el 70.7 por ciento de la población enfrenta graves privaciones respecto a educación, salud y nivel de vida.
“La corrupción desvía recursos esenciales del Estado”, advierte el documento.
Estudios independientes estimaron que el costo de la corrupción alcanzaría el 10 por ciento del Producto Interno bruto (PIB).
CALIDAD EDUCATIVA
“En el 2018, datos oficiales indican que, respectivamente, el 11.4 por ciento y el 5.9 por ciento del presupuesto fueron asignados al sector de educación y salud”.
“A pesar de esta inversión relativamente alta, los resultados en la prestación de servicios han estado por debajo de las expectativas, en términos de cobertura, calidad y cantidad”.
El informe apunta que aunque el presupuesto nacional haya crecido progresivamente, la deficiente gestión y la corrupción en sectores clave del Estado continúan impidiendo que se cumpla la exigencia del máximo uso de los recursos disponibles.
En noviembre, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informó de que, entre 2015 y 2018, la corrupción afectó el 49 por ciento del presupuesto de salud.
Existe una estrecha relación entre la pobreza persistente y la migración. En el 2017, las remesas representaron el 18.7 por ciento del PIB y la tercera fuente de flujos financieros para Honduras.
Las deportaciones de personas hondureñas aumentaron en un 38 por ciento en noviembre del 2018, en comparación con el 2017, con 66,000 personas migrantes retornadas, principalmente de México y los Estados Unidos, incluidas 11,000 mujeres y niñas. Es probable que los retornos en curso contribuyan a aumentar la pobreza existente.
::: DESAFÍOS
¿Qué debe hacer Honduras?
En consulta con la sociedad civil, la Alta Comisionada exhorta a las autoridades de Honduras a implementar las recomendaciones de su antecesor y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas:
-Mejorar el desarrollo de indicadores desagregados y la recopilación de datos desagregados.
-Tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y los recursos naturales.
-Asegurar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponer sanciones.
-Redoblar los esfuerzos para perseguir el crimen organizado en todas sus formas.
-Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público.
-Fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad.
-Tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares internacionales.
-Priorizar las intervenciones que prevengan la institucionalización de los niños y persigan el interés superior del niño.
-Reformar el proceso de elección del Fiscal General a fin de garantizar la transparencia y la publicidad.
-Intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad, en particular de las violaciones de derechos humanos.
-Asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017, priorizando las muertes y las lesiones.
-Llevar ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley; y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.
-El gobierno debería revisar la legislación y las regulaciones que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública.
-Avanzar en el desarrollo de un protocolo inclusivo, basado en los derechos humanos y en un enfoque de género, para la investigación de los delitos contra los defensores de los derechos humanos y el fortalecimiento de la nueva Unidad Especial.
-Consultar debidamente con los pueblos indígenas sobre cualquier ley para que se implementen consultas libres y redoblar esfuerzos para proteger la integridad de sus tierras.
-Adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública.
-Revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio.
-Eliminar la prohibición absoluta del aborto, de conformidad con las obligaciones regionales e internacionales del Estado.
-Tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
-Reforzar medidas para abordar las necesidades de protección de las personas migrantes.
-Asistir a las víctimas de violencia con riesgo de desplazamiento forzoso.
-Apoyar el acceso de las personas migrantes retornadas a programas sociales y de empleo.
::: OPINIONES
ESTÁNDARES
Reina Rivera (defensora de derechos humanos): “En el informe nos alertan sobre las causas de derechos humanos y la necesidad de preocuparse sobre los estándares internacionales”.
SEGUIMIENTO
Bertha Oliva (fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh): “El informe nos da líneas de situación de casos, no con profundidad, así que nos tocará a nosotros seguir los casos”.
MEDIDAS
Karla Cueva, Ministra de DDHH: “La Secretaría va a tomar nota de las recomendaciones para poder ver el camino, para poderlas implementar”.
TEMAS
Wilfredo Méndez (director de Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, Ciprodeh): “El informe carece de temas como el de los presos políticos, los asesinatos”.