El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solorzano, comentó que para blindar al Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop) de una demanda laboral, los despidos deben ser motivados, justificados y en base a la ley que corresponde en el Código del Trabajo.
El 76 por ciento del presupuesto del Infop se destina al pago de personal, por un contrato colectivo que es bastante oneroso para la institución, cuestionó.
Por lo tanto, lo que se ha establecido y revisado es el personal supernumerario para hacer los recortes correspondientes y quedarse con los empleados que pueden ayudar a mantener la institución.
El profesional del derecho dijo que despedir al personal supernumerario , según el informe de la dirección ejecutiva, tiene un costo de 600 millones de lempiras, recursos con los cuales no se cuentan.
En ese sentido, se tendría que solicitar un préstamos, pero antes se está realizando un análisis para ver si en realidad el Infop tiene la capacidad de endeudarse.
Aseguró que el consejo directivo ya tiene las atribuciones y está la potestad de poder suprimir algunas unidades, áreas, centros regionales y esa es la figura que se estaría analizando.
“Se debe evitar cualquier demanda, aunque prosperen a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde buscaría la causal necesaria para ver por rescindido estos contratos”.
Advirtió que de seguirse manejando el Infop de la manera que se está haciendo va terminar afectando, no a 600 personas, sino la totalidad de empleados que hoy laboran en esa institución.
Se busca poder contar con más recursos, de pasar de 760 millones a 360 millones que cueste la planilla del Infop y de esta manera poder liberar y contar aproximadamente 600 millones de lempiras, que pueden ser destinados en la formación profesional.
Como sector privado buscamos que la gente que se forme en el Infop, pueda ser gente calificada y con todas las probabilidades de emplearse.