Ginebra (EFE). La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer al gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
«Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva», destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que «es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones».
También pidió al gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias «contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, período en el que según la expresidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que «constituye además un inquietante factor de desestabilización regional».
«Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente», subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas «se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos».
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 solo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.
«La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada», explicó Bachelet.
«También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela», subrayó la alta comisionada, quien denunció que la «ley contra el odio» aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.