Por: Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Estos dos últimos gobiernos dejarán huella imborrable en la historia, como ningún otro en el pasado, bien, porque realizaron cambios que, aunque deseados, nadie se atrevió, o porque generaron tal nivel de malestar que provocaron novísimas respuestas sociales.
El autoritarismo forjó una estructura (Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en cuyo vértice colocó al Jefe del Estado y bajo su jerarquía a los jefes de los poderes del Estado y a algunos organismos extra-poderes, como el MP, por ejemplo.
Bajo su dependencia, se organizó una Policía Militar para “velar por la conservación del orden público”, violando flagrantemente el mandato constitucional que atribuye esa función a la Policía Nacional, y se formó la Dirección de Investigación e Inteligencia, responsable de las intervenciones telefónicas y de aplicar la Ley de Secretos de Estado.
El CNDS también asigna jueces y fiscales a la Policía Militar, a cuya jerarquía quedan sometidos, con funciones de jurisdicción nacional en el orden penal. Entre las funciones de esos fiscales y jueces está la de acusar y juzgar, con carácter de exclusividad, a los policías militares que incurran en delitos. Con lo que se militariza la justicia penal con jurisdicción nacional y se reconoce un fuero especial para los policías militares.
El proyecto de las ciudades modelo, en porciones del territorio nacional, dotadas de soberanía propia, distinta de la hondureña, cuya población no serán ciudadanos, sino empresas, cuyos directivos decidirán el destino de esas ciudades-estado, ha sido otra novedad y, afortunadamente, un fracaso. Afortunadamente, porque constituye delito de traición a la patria entregar porciones del territorio nacional a jurisdicciones extranjeras y porque podría ser aprovechado por países de la región para extender su territorio. Aquella frase, “del territorio nacional ni la sombra de una hoja”, ha sido sustituida por “entregar la patria en lotes, es hacer patria”.
Semejante estructura, facilitó una asfixiante corrupción, contra la que el pueblo indignado se tomó las calles exigiendo la presencia de algo parecido a la CICIG y nos trajeron la MACCIH, la que, junto a la UFECIC, desveló las redes en que se organizaron los corruptos –políticos, funcionarios y empresarios–, copando la totalidad del Estado, para saquear, sistemáticamente, las arcas estatales, en áreas tan sensibles como la salud.
Esa exasperante corrupción ha desestabilizado nuestras relaciones internacionales. Trump acusa al gobierno de corrupto y de complaciente con el narcotráfico y el presidente electo de El Salvador advierte que, por esas razones, el gobernante hondureño no está invitado a su toma de posesión. En esta atmósfera tan enrarecida, el gobierno hondureño cometió la estupidez de acusar al de México de instigar las caravanas de emigrantes hondureños.
Las caravanas no las provoca México; al contrario, son su problema. Las provoca el gobierno y, por eso, será recordado, porque representan su fracaso. Cuando miles de madres, con sus hijos, incluidos los de pecho, deciden salir huyendo de su país, enfrentando los desconocidos peligros del camino, porque ya no tienen futuro en la tierra de la “vida mejor”, estamos ante una tragedia nacional, que ni el “Honduras actívate” ni la “Marca País” podrán matizar.
Esas caravanas son la respuesta al fracaso del gobierno, que nos ha llevado a niveles tan bajos de calidad de vida, que ya somos los más pobres de América, con una población de aproximadamente 80% de pobres, de los que casi el 50% están en extrema pobreza, siendo los jóvenes y las mujeres los más afectados, que, en gran parte, huyen del país en esas caravanas, y el gobierno, no contento con expulsarlos, los estigmatiza, criminalizándolos.
Nunca como hoy, el crimen organizado ascendió tanto en la jerarquía política y estatal. Hasta los gringos están asqueados de la putrefacción encontrada en las élites políticas y empresariales involucradas en el lavado, en el trasiego de la droga y en las autoridades que, sin guardar las formas, les dieron protección.
La descarada manipulación del Poder Judicial para emitir sentencias favorables a esas élites, particularmente las emitidas para derogar la Constitución, es inédita, ya que, ni Carías, con su proyecto inconstitucional reeleccionista, se atrevió a tanto.
Logró atropellar las libertades de expresión y de prensa sin aspavientos, con el programa de canje de impuestos por publicidad, con el que invisibiliza a la oposición, que, por cierto, reacciona, a los cambios negativos, no como oposición, sino como prevé el gobierno, allanando el camino hacia los objetivos de este, entre estos el tercer período.
Y por último, pretende, con el apoyo de la oposición en el Congreso, sustituir a los empleados de salud y educación con correligionarios que servirán a las pretensiones reeleccionistas del gobernante.
Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?
