Por Mario E. Fumero
Cada rato escuchamos a todos, incluyendo al Presidente de la República, afirmar que nadie está por encima de la ley, y como dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley, y todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades en los aspectos de la vida social, pero me pregunto: ¿Será cierto lo que dice la Constitución, o simplemente es una retórica política?
Uno siempre espera que las autoridades den el ejemplo sobre el cumplimiento de la ley, y que la justicia se aplique de forma pareja, sin embargo, la realidad demuestra que en nuestros países latinoamericanos, el que tiene el poder y el dinero, puede burlar la justicia y actuar fuera de ley, máxime si ostenta un alto cargo público.
La Biblia nos enseña que con la misma vara con que tú midas, te van a medir (Lucas 6:38). Toda persona que ejerce una función de autoridad, debe respaldar su actuación con el ejemplo, conforme a la forma en que debe cumplir su deber, pero tristemente en la realidad demuestra que del dicho al hecho, hay mucho trecho.
Si tuviéramos que analizar este concepto en las estructuras de las autoridades, descubriríamos tristemente que los primeros que violentan este postulado son las mismas autoridades que la deben hacer cumplir, y para poner un ejemplo, haré alusión a algo muy común dentro de los cuerpos policiales y de los mismos diputados, los cuales rompen muchas normas establecidas.
Para ello mostraré, de forma sencilla, un ejemplo que he visto y vivido, respecto al cumplimiento de la Ley de Tránsito. Todos sabemos que está prohibido llevar a más de cuatro personas en un carro de paila corta, y estos debería de ir sentados en el piso, sin embargo, cada rato veo a las patrullas de policía llevando hasta ocho personas sentados a la orilla de la paila, y nadie les dice nada, porque como son la ley, ellos sí la pueden violar.
Sin embargo, si un ciudadano lleva cinco personas sentados en el piso de una paila, en seguida le dan una esquela. De igual forma que si un pobre ciudadano se roba una gallina, es juzgado rápidamente, y la sentencia se cumplió inmediatamente, mientras que los ladrones del Estado, que desfalcaron a las arcas públicas, ahí están, pasan meses y años sin que se les dictamine la sentencia, y cuando todos se han olvidado del desfalco, sale absuelto. ¿Por qué para los pobres la justicia es rápida para aplicar la sentencia, pero para los ricos y poderosos no?
Cuando la ley funciona para unos, y la misma se omite para otros, estamos ante un fenómeno en donde descubrimos que en la realidad, aunque hay una Constitución, existe de forma escondida, una segunda Constitución, que es la del poder del dinero, porque con el dinero podemos comprar buenos abogados, silenciar conciencias, comprar falsos testigos y sobornar a las autoridades. A esto le podemos llamar “la ley del embudo”; lo estrecho para los pobres y lo ancho para los poderosos y ricos. Sin embargo, nuestro anhelo es que la justicia sea pareja, sin excepción. Cuando en un estado de derecho, la ley se aplica con igualdad, no solamente viviremos más seguros, sino que frenaremos el peor flagelo que tiene nuestra América Latina, que se llama corrupción. Una vez que se acabe la impunidad, frenaremos la violencia, y de forma indirecta, estaremos deteniendo la pobreza, porque en nuestros medios, las consecuencias de la pobreza radican en la corrupción y en una justicia la cual funciona más rápido para los pobres, y menos ágil para los ricos.
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