Managua (EFE). El gobierno de Nicaragua anunció el lunes que presentará ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una propuesta conocida como «Ley del perdón», y que según la oposición se trata de una «amnistía» para los responsables de la muerte de cientos de personas en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril de 2018.
«Esta semana, precisamente, se presentará a la Asamblea Nacional para darle categoría de ley, el ‘Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018’, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición», informó el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Plan Integral, que según su nombre y las primeras acciones del gobierno busca atender únicamente a las víctimas oficialistas, incluye una propuesta de amnistía para los responsables de la violencia, según informó hace dos semanas la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Ejecutivo en las negociaciones para salir de la crisis.
La oposición rechaza la amnistía por motivos históricos, pero también por razones de justicia, legales y morales.
Entre las razones históricas están que los indultos han beneficiado a personas que violan los derechos humanos una vez en el poder, por lo cual la oposición señala a Ortega, quien fue perdonado tras estar preso por asalto de bancos, y luego pasó a ser el presidente al mando en las dos peores crisis humanitarias de Nicaragua desde 1979.
Según los abogados defensores de los cientos de «presos políticos», existen razones de justicia para rechazar la amnistía, ya que, en caso de ser ejecutada, perdonaría a gente inocente, que fue arrestada por protestar, lo cual no es delito en Nicaragua, pero además, beneficiaría a policías y paramilitares que han matado a cientos de manifestantes.
Entre los motivos legales, los abogados expusieron la semana pasada siete «rutas» por las cuales se puede dar libertad absoluta a los «presos políticos» de inmediato, sin necesidad de amnistía, y a la vez investigar a quienes han cometido crímenes en el contexto de la crisis.
Sobre las razones morales, los opositores creen que la amnistía profundizaría la crisis, ya que el Gobierno ya es juez y parte en los hechos violentos.
En diciembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estudió el caso de Nicaragua, recomendó al Estado que incluya en su Plan Integral la investigación y eventual destitución de funcionarios públicos involucrados en violaciones de los derechos humanos, reformar las instituciones, y respetar la diversidad de pensamiento.
El Gobierno de Nicaragua no informó qué día presentará su propuesta ante la Asamblea Nacional, donde la mayoría sandinista suele aprobar todos los proyectos del Ejecutivo.
