La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, denunció este martes «asedio y amenazas» contra sus integrantes, por parte de la Policía Nacional.
La alianza denunció «el asedio y amenazas en contra de varios de sus miembros», además de «mensajes de odio y violencia» en los últimos días, luego de que sus integrantes decidieron no volver a las negociaciones hasta que el Gobierno cumpla con los acuerdos adquiridos en marzo pasado.
El caso más reciente reportado por la oposición fue el de «un abusivo operativo policial en contra del establecimiento comercial» de un hijo del exdiplomático Carlos Tünnermann, integrante de la alianza y uno de los personajes más ilustres de Nicaragua.
Agentes policiales llegaron ayer al establecimiento, dedicado a la distribución de azúcar en el Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua, y decomisaron los discos duros de las computadoras y arrestaron al gerente, sin brindar explicaciones.
«La medida represiva se motiva obviamente por el destacado e histórico papel del doctor Tünnermann en la lucha por la justicia y la democracia», denunció la Alianza, en un comunicado, en el que advirtió que su integrante «no se dejará amedrentar a como tampoco lo hizo en sus jornadas de lucha contra la dictadura somocista».
La alianza agregó que, desde su conformación en mayo de 2018, «el régimen ha desplegado diversas tácticas que buscan intimidar y neutralizar a sus miembros».
Entre ellas citó el arresto de sus miembros Medardo Mairena, Edwin Carcache, Freddy Navas y Lener Fonseca, «quienes son presos políticos y están encarcelados en celdas de castigo y máxima seguridad», así como los estudiantes José Ramón Gonzáles y Jonathan López, quienes fueron capturados y luego excarcelados.
Amenazas de muerte, acoso, asedio, invasiones de propiedad, entre otros «actos represivos», fueron denunciados por la alianza opositora en contra de sus miembros, por lo que algunos se han visto obligados «a vivir fuera de sus hogares, exiliarse y tomar otras medidas de seguridad».
Las acciones contra Tünnermann, «así como las perpetradas en contra de establecimientos que apoyaron el reciente Paro Nacional (del jueves pasado), solo confirma el estado policial y de excepción que vivimos los nicaragüenses, conducida por una policía partidaria y represiva», agregó el grupo extraparlamentario.
La alianza afirmó que seguirá «luchando por los derechos de los nicaragüenses, que a diario son violentados por una dictadura que se atornilla al poder a toda costa».
Las negociaciones se suspendieron oficialmente el 3 de abril pasado y los esfuerzos por retomarlas fueron dejados a un lado por la alianza, luego de que un «preso político» murió al recibir un disparo de un custodio en prisión, en condiciones no claras.
Según la alianza, el reo no habría muerto si el Gobierno hubiera cumplido su compromiso de liberar a los cientos de «presos políticos» de Nicaragua en marzo y ahora, señala, nada garantiza la supervivencia de los convictos bajo tutela del Ejecutivo.
Desde el estallido social de abril de 2018, al menos 325 personas han muerto en la crisis sociopolítica de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ONGs locales cuentan hasta 694. El Gobierno reconoce 199. EFE
