CHICAGO (AP) — Una ley que usó Donald Trump el año pasado para justificar la separación de familias de migrantes en la frontera con México está cobrando prominencia en la campaña con miras a las elecciones del 2020 y varios demócratas prometen abolirla.
En el primer debate televisado de la campaña, el aspirante a la nominación demócrata Julián Castro prometió “rescindir” la ley que criminaliza el cruce de la frontera sin autorización y retó a sus rivales a que hagan lo mismo. Varios aspirantes expresaron su apoyo ese mismo día. Al día siguiente, todos menos uno dijeron que bajo su gobierno el cruce ilegal de la frontera sería un delito civil, no penal.
El debate está poniendo en el candelero una ley que rige desde hace años y que nunca había recibido tanta atención.
Lo que hay que saber de esta ley:
¿QUÉ DICE LA LEY?
Es conocida como la ley de “ingresos ilegales” y dice que el cruce de la frontera sin autorización constituye un delito. Prohíbe el ingreso por cualquier otro sitio que no sea un puerto de ingreso legal, como aeropuertos o puentes en la frontera con México. Una primera violación de la ley, conocida como Sección 1325, constituye un delito menor castigable con hasta seis meses de cárcel, aunque la mayoría de los imputados son sentenciados al tiempo cumplido. Una reincidencia es un delito grave.
Hay quienes dicen que el gobierno no tiene los recursos necesarios para procesar todos los casos y que hay que enfocarse en los delincuentes más peligrosos.
Los partidarios de la ley, por su parte, afirman que procesar estos casos constituye un elemento disuasivo, aunque las estadísticas para sustentar eso son escasas.
¿CÓMO HA SIDO USADA?
Por décadas el gobierno no inició procesos al amparo de la Sección 1325, que está vigente desde 1929. Las personas pilladas eran deportadas por las autoridades de inmigración.
Los procesamientos aumentaron notablemente a partir del 2005, en que el presidente George W. Bush hijo intensificó una campaña para frenar los ingresos ilegales.
Grandes grupos de personas fueron juzgadas a la vez, acusadas de faltas menores. Ese año hubo casi 40.000 procesos penales de inmigrantes sin permiso. Hacia el 2013, bajo el gobierno de Barack Obama, llegaron a 90.000, según la Universidad de Syracuse.
¿Qué PASA AHORA?
La ley acaparó titulares incluso en el exterior el año pasado cuando Trump anunció su “política de tolerancia cero” y dispuso detener por seis meses a quienes ingresasen ilegalmente al país por primera vez. Los adultos que llegaban con sus hijos fueron separados de sus hijos para ser juzgados.
Miles de niños fueron separados de sus padres antes de que Trump reconsiderase su postura y firmase un decreto suspendiendo las separaciones de familias en medio de fuertes condenas. Poco después, un juez dictaminó que las familias pueden ser separadas solo en circunstancias muy especiales.
Bajo el gobierno de Trump hubo 100.000 procesos de inmigrantes en el 2018.
Para dejar sin efecto la ley sería necesaria la intervención del Congreso.
¿ESTA LEY HABÍA GENERADO CONTROVESIAS ANTES?
Hace un año, abogados cuestionaron la forma en que el Departamento de Justicia procesaba los ingresos ilegales en los tribunales federales luego de que se empezase a procesar inmigrantes en San Diego, California. El estado se había resistido hasta entonces a juzgar a los migrantes en tribunales federales, como hacían otros estados. Pero eso cambió con las políticas de “tolerancia cero”.
No hubo un solo proceso por ingreso ilegal en febrero del 2018 en el Distrito del Sur de California. En junio, cuando la separación de familias alcanzó su punto culminante, hubo más de 800.
Los detractores de la ley dicen que las audiencias en masa violan el debido proceso de los inmigrantes.
