Por Rodolfo Dumas Castillo
Falta menos de un mes para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Quienes dirigen el Poder Legislativo aun persisten en su posición: Ni abrogación ni extensión de su vacatio legis. Lo anterior, a pesar de existir abundantes razones para ambas.
Lastimosamente el compromiso con el Pacto de Impunidad es, por ahora, más fuerte que el rechazo de la mayoría de la sociedad hondureña a semejante esperpento jurídico.
En lo que respecta a las normas incorporadas al mismo y relacionadas con la libertad de expresión, los impulsores del código las defendieron públicamente y mantuvieron en todo momento que no contravenían el derecho interno o los tratados de los que Honduras es signataria. Inclusive se despilfarraron recursos públicos defendiendo esa postura a través de medios de comunicación. Dada la total opacidad con que se maneja en Honduras la publicidad oficial, resulta imposible para el pueblo saber exactamente cuánto costó esa inútil propaganda. Ahora resulta que algunos diputados prometen “mochar” esos artículos. ¿Y no era que estaban buenos? Pues al calor de prematuras campañas políticas aprovechan para la demagogia y para congraciarse con la prensa (como que si solo a periodistas aplicaran esas ilegítimas normas).
Esto confirma lo que ya habíamos anticipado en nuestro comentario previo sobre este código de la impunidad (publicado en LA TRIBUNA el 4 de julio de este año), en el que anticipamos lo siguiente: “…Se colige que los elementos dirigidos a la empresa privada, los medios de comunicación y sectores vulnerables del país fueron incorporados como herramienta de negociación y para mantener, en última instancia, la impunidad de asociaciones corruptas. Eso explica la “socialización”, pues ahora visitarían a los grupos afectados para quitar lo que les perjudica a cambio de no modificar aquello que beneficia el Pacto de Impunidad”. Nuestros politiqueros no cambian…
El nuevo código adolece de los requisitos que demanda una apropiada técnica legislativa y en su composición se inobservaron procedimientos lógicos, doctrinarios y jurídicos, quebrantando el principio de funcionalidad de la ley. El mismo reduce penas a delitos que destruyen las esperanzas de todo un pueblo y que garantizan que la corrupción será recompensada con impunidad. Nos expone a la posibilidad de terminar nuevamente con una ley remendada, lo que irremediablemente nutre la sensación de inseguridad jurídica en Honduras (otro freno a la inversión).
La funesta legislación es prueba fehaciente de la inveterada mala praxis legislativa de aprobar leyes al margen del principio de legalidad y omitiendo en control de convencionalidad, lo cual no es exclusivo de esta ley, sino que una vieja práctica que nos exhibe como nación. Lastimosamente para nuestros legisladores es mucho más importante mantener el Pacto de Impunidad que actuar a favor del bien común, combatir la corrupción, luchar contra el crimen organizado o buscar un sistema de justicia que responda a las necesidades de la sociedad hondureña.
En este momento es oportuno reiterar lo propuesto en nuestro artículo anterior: “Es por todo lo expuesto que resulta procedente la abrogación de dicho código, debiéndose elaborar uno nuevo que sea congruente con políticas públicas eficientes, consensuadas con la ciudadanía; adecuando su contenido a la Constitución de la República y tratados internacionales, con el fin de dotarle de legitimidad y garantizar su acatamiento pleno. Un nuevo código que resulte efectivo para restringir la criminalidad, la corrupción y para fortalecer el sistema de administración de justicia, no para blindar a corruptos o silenciar a la opinión pública”.
Twitter: @RodolfoDumas
