LA CEIBA, Atlántida. El Congreso Ciudadano recolectó 7 mil firmas en La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula, pidiendo la derogación del Código Penal que entrará en vigencia el próximo 10 de noviembre.
Atlántida se sumó a la recolección de las 7 mil firmas ciudadanas para acuerpar, el proyecto decreto de una nuevo legislación en materia penal que será entregado por sociedad civil en el Congreso Nacional.
Nueva legislación debilitará lucha contra la corrupción, estimó Sua Martínez, coordinadora del Congreso Ciudadano en Atlántida.
El Congreso Ciudadano, una instancia de apoyo para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), logró la firma de más de 7 mil ciudadanos que piden a los diputados que el Código Penal no sea puesto en vigencia. Dicho cuerpo legal actualmente se encuentra en vacatio legis.
Ciudadanos, estudiantes de universidades públicas y privadas, empresarios y otros se sumaron con la firma a la petición del grupo de la sociedad civil.
Sua Martínez definió el nuevo Código Penal como el pacto más grande de impunidad para los corruptos, es una segunda maniobra jurídica”.
“La primera es la reelección ilegal, no prescribe sigue siendo ilegal, la segunda maniobra jurídica es este nuevo Código Penal, es un pacto a la impunidad, ya que favorece a los corruptos y narcos para eludir a la cárcel, pero al ciudadano común lo envía a prisión por protestar, nuestra niñez y la mujer queda desprotegida”.
“El nuevo Código Penal es un instrumento de protección para los corruptos y narcotraficantes, el nuevo Código Penal de la impunidad se debe derogar porque es un instrumento que protege a los corruptos pretenden eliminar la extradición, cuando en Honduras no hay un Estado de Derecho, no hay justicia”, señaló la dirigente del Congreso Ciudadano por Atlántida.
Cuestionó que la nueva normativa legal reducirá drásticamente las penas a los delitos contra la administración pública, los que le roban al pueblo, además de lacerar los derechos humanos al censurar la libre expresión para medios de comunicación y ciudadanos que escriban en redes contra los actos de corrupción”.
Indicó que el futuro código crea figuras nuevas que atentan contra la libertad de pensamiento y de prensa, se busca penalizar a los dueños de los medios de comunicación, así como a los periodistas o comunicadores, limitando el derecho ciudadano.
