LA esperada sentencia del alto tribunal español, condenando a los autores intelectuales de los episodios violentos registrados en Cataluña durante el otoño del 2017. La sentencia “del procés” contempla penas de cárcel de 9 a 13 años por sedición y malversación a los principales líderes separatistas e inhabilitación por desobediencia. Descartaron sanciones por el delito de rebelión, solicitadas por la fiscalía. Los jueces sustentaron su fallo de la siguiente manera: “La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, pre ordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Señala la sala que “los altercados que hubo en Cataluña no bastaban por sí mismos “para imponer de hecho” la independencia y derogar la Constitución”. “Es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación”. Cuando el gobierno catalán organizó la consulta y mandó a colocar las urnas –desafiando la Constitución y las instrucciones precautorias de las cortes– era encabezado por Carles Puigdemont.
Dictada la sentencia fue girada una tercera euroorden de captura contra el expresidente de la Generalitat. La orden europea de detención y entrega es para responder a los delitos de sedición y malversación. No fue juzgado, junto a los demás condenados, por ausencia, ya que se encuentra prófugo, refugiado en Bélgica, desafiando el pedido español de extradición. Su reacción a la sentencia fue esta: “No hay más vía que un referéndum en el que digamos lo que queremos y cómo lo queremos. No aceptamos su receta basada en la represión, el encarcelamiento y las condenas”. “No nos detendrán hasta que lleguemos al final, hasta revertir todos los efectos de la represión y respiremos libertad”. “Se han acostumbrado a amenazar al pueblo de Cataluña de manera impune”. “Tenemos que movilizarnos”. Y en efecto, Cataluña, especialmente Barcelona –donde los enfrentamientos fueron una verdadera batalla campal con saldo de 125 heridos, entre ellos 57 mossos y 27 policías nacionales– ha sido sacudida por dos días de violentas protestas. Ante los actos desenfrenados ligados a las protestas, la Moncloa ha manifestado que “es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña”. El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien se ha incorporado a una de las marchas independentistas organizadas por la Asamblea Nacional de Cataluña, evadió referirse a los graves disturbios que se produjeron después de conocerse la sentencia. Evitó, además, condenar la violencia desatada.
Como España está abocada a un nuevo proceso comicial –por el fracaso de las negociaciones políticas y la imposibilidad de lograr la investidura– todo lo que haga el candidato del PSOE y actual presidente tiene un fuerte componente político. La sentencia cae en medio de la campaña electoral que ya está en marcha. Pedro Sánchez juega a obtener respaldo de los demás dirigentes políticos en el manejo de esta crisis –invocando la unidad española– intentando, en el debate, arropado con la bandera española, diluir las diferencias que los separan. A no dudarlo que el tema separatista –ya con una sentencia del alto tribunal– es eje central. Contrario a otras ocasiones cuando resultaba incómodo para el PSOE –lo tocaba con pinzas para no desbaratar la posibilidad de la investidura asustando votos independentistas– ahora se “sube a la sentencia intentando hacer de ello un activo electoral”. Busca ganar todo espacio mediático para adueñarse de la causa. No ignora, como bien lo resume la prensa, que “la cuestión catalana es la cuestión española”.
