Quito, 19 oct (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) recibió este sábado a representantes de un organismo internacional, para conocer sobre la situación de los derechos humanos durante las protestas de once días contra el alza del costo de los combustibles.
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, recibió a delegados del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) que defienden los derechos de los trabajadores, pueblos y nacionalidades.
Esa organización indicó en su cuenta de Twitter que las principales denuncias están relacionadas con una «fuerte represión, preocupación por impunidad y judicialización de dirigentes sociales» tras las protestas de un nivel de violencia nunca antes visto en Ecuador, y en medio de las cuales encapuchados incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado.
Para el domingo se espera que un equipo de tres miembros de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU inicie una visita a Ecuador y que permanezca en el país andino hasta el 8 de noviembre «para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país en el contexto de las recientes protestas».
La misión se llevará a cabo por invitación del Gobierno de Ecuador.
Durante su visita, el equipo buscará reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil, periodistas y otras partes interesadas para recopilar información de primera mano sobre las circunstancias de la violencia que se extendió por todo el país a partir del 3 de octubre.
Ese día marcó el inicio de protestas que se expandieron por la nación en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU apuntó que ha recibido denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, así como informes de delitos cometidos por terceros.
Tanto el Gobierno como los líderes indígenas han señalado a infiltrados como los causantes de los altos niveles de violencia, que incluyeron agresiones a ciudadanos, destrozos a propiedad pública y privada, como incendio de vehículos en plena vía, y saqueos.
«Pedimos a las autoridades que realicen investigaciones rápidas, efectivas, transparentes, independientes e imparciales sobre todas las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en el contexto de las protestas», señala un comunicado de la Oficina de la ONU.
Y agrega que también les «preocupan los informes de arrestos en Ecuador, incluidos actores políticos y funcionarios electos, en relación con las recientes protestas en el país».
«Hacemos un llamamiento a las autoridades para garantizar el pleno respeto de las garantías del debido proceso y las inmunidades pertinentes», apunta.
Agradece la disposición de todas las partes para entablar un diálogo significativo y alienta al Gobierno y a las organizaciones indígenas «a que continúen trabajando para encontrar una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país».
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado el viaje de una misión de observación a Ecuador del 28 al 30 de octubre, «con el objeto de observar en terreno la situación de los DDHH, reunirse con sociedad civil y Estado y verificar el desarrollo del diálogo».
Las violentas protestas, reprimidas por la Policía con gran cantidad de gas lacrimógeno, concluyeron el pasado 13 de octubre cuando el jefe de Estado, Lenín Moreno, aceptó derogar el decreto sobre las gasolinas y abrió un espacio de diálogo directo con el movimiento indígena.
